Legisladores locales a favor de prohibir las corridas de toros expresaron su rechazo a la resolución del Poder Judicial local, que frenó la discusión de esta iniciativa ciudadana preferente. El argumento del fallo es que la prohibición afectaría los derechos humanos de quienes están relacionados con este negocio, así como los usos y costumbres de ciertos grupos originarios. Este recurso fue promovido por el diputado morenista Alberto Vanegas.
En entrevista, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniela Álvarez, señaló que la propuesta de dictamen ya estaba lista, considerando la eliminación de las corridas de toros y la posibilidad de someter a consulta la prohibición de las peleas de gallos. Sin embargo, ayer se notificó la suspensión del proceso por parte del Poder Judicial, lo que impide convocar la discusión hasta que haya una resolución definitiva.
Álvarez rechazó el argumento de que prohibir las corridas de toros afectaría los derechos humanos de quienes viven de esta actividad.
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“He dejado el tema taurino porque no hay un arraigo suficiente, y lo que se ha señalado como justificación es un tema económico. No se puede anteponer lo económico a los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo muy burdo: la esclavitud tenía un impacto económico evidente, pero atentaba contra los derechos humanos. No puedes exentarte de eso solo porque afecta la economía”, expresó.
En otra conferencia de prensa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, acusó a Morena de ser incongruente, ya que, por un lado, exige la renovación del Poder Judicial y, por otro, solicita que este frene la evolución del trabajo legislativo a petición expresa de Vanegas.
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“Tenemos hasta el 11 de marzo para dictaminar en esta materia y lo único que vemos es que Morena se sigue mordiendo la lengua. En su discurso dicen que el Poder Judicial no debe legislar ni interpretar, pero constantemente le piden a los jueces que frenen las iniciativas que no les gustan, gastando recursos y promoviendo interpretaciones legales. Eso es lo que rechazamos desde Movimiento Ciudadano”, afirmó.
Por su parte, el coordinador de esta bancada, Royfid Torres, advirtió que esta decisión sienta un peligroso precedente, ya que, bajo el mismo argumento, cualquier iniciativa, incluso una impulsada por la jefa de Gobierno, podría ser impugnada ante el Poder Judicial con el pretexto de que afecta los derechos humanos de ciertos sectores, paralizando así el proceso legislativo hasta que haya una resolución judicial.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jesús Sesma, calificó esta suspensión como una agresión a la autonomía del Poder Legislativo y llamó a las demás bancadas a sumarse al repudio contra la intervención del Poder Judicial.
“El fallo nos impide continuar con nuestro procedimiento legislativo. Desde aquí le decimos a este juzgado, y a cualquier otro que pretenda intervenir en nuestro proceso legislativo, que no vamos a permitir esta intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Espero sinceramente que los demás grupos parlamentarios se pronuncien en el mismo sentido”, declaró.