En el primer día del parlamento abierto para discutir la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, las voces que predominaron fueron en favor del proyecto, bajo variados argumentos como el respeto a la constitución federal y local hasta consideraciones éticas sobre el maltrato animal.
Activistas presentaron sus argumentos a los pocos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que estuvieron presentes durante la primer sesión de varias que se extenderán hasta el 24 de febrero.
Gustavo Ortiz Millán, maestro de ética de la UNAM refirió que una de sus especialidades es en la bioética, y argumentó que en esta intención de terminar con las corridas de toros no hay ninguna violación a los derechos de nadie y hasta hay precedentes jurídicos que lo avalan
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“No, no se viola el derecho a la recreación, hay otras opciones que no involucran en maltrato animal, el fútbol, el cine, etc. entonces tienen otras opciones, no se está violando el derecho a la recreación de nadie, y aquí sí quiero recurrir a un argumento legal, en 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo contra la prohibición de las corridas de toros en Coahuila y argumentó que en la prohibición de las corridas de toros, no se viola el derecho de nadie”.
Por su parte Arturo Berlanga, uno de los promotores de la iniciativa, presentó una serie de preguntas sobre la validez de que un sector en específico pueda bloquear una iniciativa.
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“Procede legalmente consultar a los pueblos y barrios originarios? procede legalmente consultar a todos los habitantes de la Ciudad de México? puede un grupo de habitantes de la Ciudad de México estar por encima del orden constitucional y de las Leyes? Puede un espectáculo de maltrato animal estar por encima de las leyes?, cuestiono a las y los diputados presentes.
El mismo Berlanga recordó que la Constitución mexicana sí reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación, pero agregó que también establece que deberán sujetarse a los principios generales de la propia constitución, que prohibe el maltrato animal.
Aun cuando los antitaurinos han asegurado que no procede una consulta a los pueblos originarios, las bancadas han coincidido que esta sí se llevará a cabo.