Las víctimas del delito serían las más afectadas si la Suprema Corte de Justicia de la Nación deroga la prisión preventiva oficiosa de la Constitución federal y tendría como consecuencia la elevación de los índices delictivos, aseguró Martí Batres, jefe de Gobierno.
Señaló en conferencia de medios que esa intención de eliminar la figura que contempló el constituyente, es muy preocupante para la seguridad de las personas y de la ciudad.
“Es muy preocupante porque no se detienen a pensar en los efectos que causa y no nos han consultado, por ejemplo a los gobernadores yo le preguntaba a los gobernadores ahora que fue el evento con el presidente en Veracruz estaban los gobernadores si la Corte había convocado para preguntar su opinión sobre esto, no para nada, no se ha convocado a los sectores que tienen que ver con estos temas que son muy delicados hay aquí un elemento grave de carácter constitucional“, detalló.
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Batres sostuvo que los gobiernos tanto el federal como los estatales, se verían perjudicados puesto que podrían quedarían 70 mil personas en libertad.
“Simplemente quedarían libres muchos y se dificultaría la protección de muchas víctimas; esa reforma no solo perjudicaría la estrategia de seguridad de los gobiernos en general, del gobierno de la República, del gobierno de los estados perjudicaría a los gobiernos de las 32 entidades federativas independientemente del color del partido”, puntualizó.
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Explicó que para aprobar una reforma constitucional, se requieren las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos.
Esto deja claro que la Constitución estableció su propio mecanismo de modificación, el cual no puede ser alterado por la Suprema Corte de Justicia, cuyo poder es resultado del Constituyente y modificar la carta magna sería “gravísimo”.