La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) efectuó en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) un operativo contra 90 unidades de la Ruta 57, que habían reanudado servicio en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, tras obtener una suspensión definitiva de la autoridad judicial federal, que los protegía de su derecho humano al trabajo.
De acuerdo con operadores y concesionarios, suman 15 las unidades que fueron llevadas al corralón por tener faltas graves como un chicle pegado en un asiento, un faro sucio y no traer camisa de botones sino tipo polo, entre otros aspectos.
El líder de la ruta 57 Arturo Maya informó que el juzgado Décimo Tercero de Amparo en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México les otorgó la suspensión definitiva lo cual consideró como un paso favorable para los transportistas ante los abusos de la Secretaría de Movilidad.
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Los operadores respaldaron lo dicho por su dirigente.
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"Estamos viendo que el supuesto operativo es un acto de acoso de Semovi y el INVEA, por el simple hecho de que les ganamos un amparo", expuso.
Otros, aseguraron que es un acto de venganza ya que por la vía jurídica no ganaron y ahora el despliegue va contra las unidades de trabajo.
De acuerdo con el expediente 58/2024, la autoridad judicial notificó a las partes interesadas la revocación del recurso de queja que interpuso la Semovi, contra la suspensión provisional que inicialmente dictó e el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
En consecuencia el juzgador resolvió otorgar la suspensión definitiva a los concesionarios y operadores de la ruta 57, con efectos inmediatos para reiniciar sus operaciones en sus trayecto que tuvieron durante más de 50 años.
Con ello, la autoridad capitalina estaría limitada en ejercer la extinción de los transportistas y deberá sujetarse a las disposiciones emitidas por el juez de amparo.