La ex directora y ex propietaria del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica G.V. compareció en audiencia de ejecución de sentencia, en la que se buscó definir el método de pago de más de 10 millones de pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas.
La defensa de Miss Moni, sostuvo que, si bien es una obligación y no se niega a cumplir la sentencia, lo cierto es que carece de recursos para hacer frente a esa obligación.
Durante la audiencia que se realizó de manera remota en los juzgados de Sullivan y ella desde el Penal Femenil de Santa Martha, tuvo como objetivo establecer la manera en que García Villegas cumplirá las penas que le fueron impuestas por su responsabilidad en el colapso del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que murieron 26 personas, entre ellos 19 menores de edad.
Te podría interesar
La sentencia condenatoria en contra de Mónica G.V. se dictó el 21 de octubre de 2020 y se le impuso una pena de 29 años, cinco meses y 22 días de prisión por el delito de homicidio culposo, en agravio de 26 personas.
El Tribunal de Enjuiciamiento la condenó también al pago de una multa de 142 mil 991 pesos, así como cubrir 10 millones 530 mil 062 pesos por concepto de reparación del daño y 978 mil 828 pesos por daño moral.
Te podría interesar
El Tribunal también negó los beneficios o sustitutivos de la pena y ordenó la suspensión de sus derechos políticos.
La sentencia quedó firme el 22 de enero de 2026, luego de que se resolviera el juicio de amparo que promovió la defensa de Miss Moni.
La audiencia de ejecución, en la que se definirá la forma en que deberá cumplir las sanciones impuestas, había sido diferida en varias ocasiones.
Fuentes judiciales explicaron que durante la audiencia los abogados de García Villegas y ella misma argumentaron que carece de recursos para cumplir con las obligaciones económicas impuestas
Por tal motivo continuará el proceso legal para determinar cómo se realizarán los pagos de reparación del daño.
El Colegio Rébsamen no es garantía, ya que se encuentra sujeto a un procedimiento civil de extinción de dominio que promovió la FGJ en beneficio del Gobierno de CDMX.