Ante la polémica causada por la reciente adquisición de nueve camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal anunció este domingo una decisión clave:
Los integrantes del pleno no utilizarán los vehículos comprados y dieron instrucciones para iniciar el proceso legal correspondiente para su devolución o, si procede, su reasignación a jueces que enfrentan mayores riesgos en su labor jurisdiccional.
La SCJN difundió un comunicado oficial en el que señala que los ministros y ministras tomaron esta determinación como una respuesta a la controversia pública generada por la compra, reiterando al mismo tiempo su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo” y su dedicación a “lograr una justicia real y verdadera”.
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La institución precisó, además, que con el fin de aclarar detalles y responder dudas sobre este tema, mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal.
Camionetas blindadas desatan debate por austeridad
La compra de estas camionetas blindadas, estimadas en más de 25.6 millones de pesos en total, con un costo promedio de alrededor de 2.85 millones de pesos por unidad se había dado a conocer días antes y fue justificada por la SCJN como parte de la renovación de la flotilla vehicular por razones de seguridad institucional y operatividad.
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Según la información difundida por la propia Corte, las unidades se adquirieron para sustituir las que anteriormente estaban asignadas a los ministros, bajo el argumento de que ya no cumplían con los estándares adecuados de protección.
No obstante, sectores de la opinión pública consideraron que la compra representaba una contradicción con los principios de austeridad que se promueven en distintos ámbitos del Estado.
¿Devolución o reasignación?
Con la decisión de no utilizarlas, la SCJN instruyó que se inicie el procedimiento para devolver las camionetas o, alternativamente, que sean puestos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre dentro del marco de la normatividad aplicable.
La conferencia programada para este lunes será clave para conocer con mayor precisión cuál será la ruta que seguirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso, así como, para disipar las dudas que persisten sobre la justificación, el uso y el destino final de estos vehículos.