Por mayoría de cinco votos, el alto tribunal confirmó la resolución del entonces ministro Alberto Pérez Dayán, quien desechó la controversia que interpuso el instituto para impugnar la reforma a la Constitución de Baja California Sur en materia de fiscalización, al argumentar que carece de legitimación para promover dicho medio de control constitucional en contra de poderes locales.
El tema volvió a generar una confrontación entre ministras y ministros, particularmente entre Giovanni Figueroa Mejía y María Estela Ríos González, quien refirió que la Corte no puede constituirse en un Poder Reformador sustituto.
Ante ello, Figueroa Mejía señaló que él no debate desde la emoción, al tiempo en el que advirtió este caso podría sentar un precedente que podría poner en riesgo la transmisión del poder.
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“Y como no voy a debatir desde la emoción, desde las alusiones personales, sino desde las ideas, me gustaría preguntar a este pleno lo siguiente: qué pasaría si otros institutos locales emitieran acuerdos sobre distritación o sobre medidas de seguridad en las boletas electorales o padrón electoral, sería una situación enormemente grave que, incluso voy más allá, podrían poner en riesgo la trasmisión pacífica y ordenada del poder público”.
En respuesta, Ríos González aseveró que su pasión no implica que haya perdido la racionalidad.
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“Sí quiero reconocer y que bueno que lo ve el ministro que soy apasionada en la defensa de mis criterios, pero eso no quiere decir que no tenga lógica. La pasión no implica pérdida de racionalidad, sino significa que uno está realmente comprometido con sus ideas y sus criterios y yo estoy comprometida con mis ideas y criterios y los voy a seguir sosteniendo”.
En tanto, el ministro Arístides Guerrero, quien propuso revocar la resolución y admitir a trámite la controversia del INE, subrayó que, con el desechamiento, la Corte estaría convalidando que una constitución estatal contravenga a la federal.