La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) determinará este lunes la situación jurídica de las 20 personas detenidas por policías metropolitanos, tras los disturbios en el zócalo capitalino, donde 60 Policías resultaron lesionados, y 40 trasladados a un hospital, el sábado pasado.
Los implicados quedaron a disposición de las agencias ministeriales Cuauhtémoc 2 y Venustiano Carranza 3 por la posible comisión del delito de lesiones, tentativa de homicidio y robo.
Este lunes se cumple el plazo constitucional de 48 horas como máximo para que la Fiscalía determine si ejerce acción penal en su contra.
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De ser el caso, este mismo lunes los sospechosos serían trasladados a un centro de reclusión, donde quedarían a disposición de la autoridad judicial, en espera de la audiencia inicial.
El ministerio público cuenta con los dictámenes médicos de cada uno de los policías lesionados, peritajes en criminalística, fotografía y medicina forense, así como las entrevistas e imágenes recabadas por la policía de investigación.
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Dichos indicios, quedaron integrados como datos de prueba a la carpeta de investigación y que servirán para realizar la imputación ante el juez correspondiente .
Por el exceso de violencia con el que se cometieron los agravios, la autoridad ministerial estará en condiciones de solicitar la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El juez de control también escuchará los argumentos de la defensa de cada uno de los detenidos para determinar su grado de implicación.
El sábado pasado al llegar la denominada marcha de la Generación Z al Zócalo capitalino, un grupo de encapuchados que a decir de la autoridad eran alrededor de mil personas, arremetieron contra las vallas metálicas que lograron derribar y posteriormente arrojaron piedras y petardos a los uniformados.
Estos a su vez respondieron y aseguraron a 20 personas que quedaron a disposición del ministerio público y otras 20 ante el juez cívico.
La imputación por tentativa de homicidio es la más delicada y para demostrar dicha conducta el ministerio público tendrá que exponer datos muy sólidos de prueba para convencer al juzgador que estas personas incurrieron en ese ilícito.
@amarilloalarcon
