El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, creado por Causa en Común acusa “dificultades para acceder a información confiable”, dada “la opacidad de las Fuerzas Armadas y del gobierno en su conjunto, opacidad que cobrará arraigo ante la inminente destrucción del Sistema Nacional de Transparencia”.
En sesión de trabajo, se apostó por seguir documentando y analizando el impacto de la militarización en lo que se refiere a la inseguridad y a la criminalidad, al crecimiento del crimen organizado, a los presupuestos y los negocios controlados por las Fuerzas Armadas y a las violaciones a derechos humanos, destaca Causa en Común en un comunicado.
En el más reciente Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, Causa en Común resalta que “el argumento de que la mayoría ciudadana tiene respeto y admiración por las fuerzas armadas ha sido utilizado desde sexenios anteriores para justificar su uso en tareas de seguridad pública; asociada a las fuerzas armadas la Guardia Nacional ha tenido altos niveles de aprobación desde su creación en 2020 la encuesta Nacional de cultura cívica colocaba a la Guardia Nacional con un porcentaje de aprobación del 60% según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el 68% de la población encuestada en septiembre de 2019 consideró efectivo el desempeño de la corporación; para marzo del 2024 este porcentaje habría aumentado a 74%.
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Una imagen positiva de las fuerzas armadas probablemente está asociada al menos a una lejanía relativa de las poblaciones en comparación con otras corporaciones de seguridad, aunado a una mayor cercanía en situaciones de emergencia y que la comparación con las policías es desigual en tanto estás no cuentan con el poder político y los recursos de las fuerzas armadas, se agrega.
El apoyo depende de la situación de inseguridad; según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 2024, mientras en municipios como Piedras Negras, Coahuila, el 96% de la población considerada efectivo el desempeño de la Guardia Nacional; en Ciudad Obregón, Sonora, el porcentaje era de 45% y del 42% en Fresnillo, Zacatecas.
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En cuanto a eficacia, “llama la atención, por ejemplo que en 2022 la Guardia Nacional reportó haber liberado a tan solo 20 Víctimas de secuestro cuando el número anual de víctimas de secuestro fue de 724 y 29,842 víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad. Reportó también 796 búsquedas especializadas de localización e identificación de personas mientras que en este mismo año se reportaron 9,151 personas desaparecidas y no localizadas”, se apunta en el informe.
En el último censo de seguridad pública federal del Inegi se reportó que “durante 2022 la Guardia Nacional realizó 90,332 puestas a disposición de objetos y únicamente 2,814 puestas a disposición de personas, en términos prácticos, esto quiere decir que se requiere de 45 elementos de la Guardia Nacional para realizar la detención y puesta a disposición de una persona ante el Ministerio Público. Del total de personas puestas a disposición durante 2022, la Guardia Nacional registró 5,376 presuntos delitos, esto representa un decremento del 89% en comparación con 2019. Cabe destacar que de los 2,814 puestos a disposición, 1411 por la comisión de un robo y únicamente 38 por delitos asociados a delincuencia organizada. En síntesis y al margen de percepciones los resultados de la Guardia Nacional son muy pobres según acreditan sus propios informes y registros de incidencia delictiva”.
“El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza es una de las principales preocupaciones de que militares ejerzan funciones en materia de seguridad pública; de enero de 2019 a mayo de 2024 la Sedena la Semar y la Guardia Nacional acumularon 4,800 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, estás quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias. Amnistía Internacional, señala que las fuerzas armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la policía federal, estatal o municipal, pues cerca del 88% de las personas detenidas por la armada y el 86% de las detenidas por el ejército se han quejado de tortura y otros abusos”, se recalca en el informe.
“Desde su creación la Guardia Nacional ha recibido 16 recomendaciones por parte de la CNDH por violaciones graves a derechos humanos. En lo que respecta a la Sedena el 26 de febrero de 2023 elementos de la corporación habrían asesinado a 5 jóvenes que viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas; destaca la masacre ocurrida el 18 de mayo de 2023 también en Nuevo Laredo en la que 5 civiles habrían sido ejecutados presumiblemente por miembros del ejército; el 9 de octubre de 2023 elementos de la Sedena dispararon contra migrantes en el desierto de Santa Teresa en Ciudad Juárez, Chihuahua. En cuanto a la Semar resalta el caso del 23 de mayo de 2023 en donde dos personas fueron encontradas sin vida y con huellas de tortura, un día después de haber sido detenidos por elementos de esta institución en el municipio de Guasave, Sinaloa. De 2020 a 2023 las denuncias de abuso tortura y asesinato contra militares ante la CNDH aumentaron un 43%”, se apunta en el reporte.
La agrupación señala que “debe tomarse en cuenta que las cifras de violaciones de Derechos Humanos no son confiables dada la subordinación de la CNDH al Ejecutivo” durante la administración anterior.