Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, dio un plazo de dos meses para que el abogado Juan Collado Mocelo recabe los datos de prueba que le hacen falta para emprender su defensa en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad.
En entrevista al término de la audiencia que se realizó este miércoles, Rodolfo Félix Cárdenas, defensor de Collado Mocelo, comentó que entre los datos de prueba que buscan recabar está la copia de una resolución que emitió en su momento la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, sobre el no ejercicio de la acción penal contra su cliente.
El extitular de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México explicó que la importancia de dicho documento radica en el hecho de que la FGR manifestó que no había delito que perseguir, lo que permitiría a Juan Collado recuperar su libertad.
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“Entendemos que son los mismos hechos por los cuales nuestro representado está preso, si son los mismos hechos y la fiscalía ya dijo que no son delito, entonces podemos plantear la libertad, si tenemos razón en esto, como lo pensamos, legalmente es procedente”.
Asimismo, hoy estaba programada la audiencia intermedia en el proceso que se le inició a Juan Collado por el presunto delito de defraudación fiscal equiparable, por un monto de 36.7 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, ésta se suspendió.
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Cabe recordar que, el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Juan Collado en la FGR el 7 de junio de 2019, por haber recibido 24 millones, de 156 millones de pesos en 2015, producto de la venta de un terreno de su propiedad. El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.
La FGR integró una carpeta de investigación contra Juan Collado, usando una averiguación previa que estaba en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario que dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
El 4 de julio de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una querella ante la FGR porque detectó operaciones atípicas en el sistema financiero por parte de Juan Collado y cuatro personas más, lo que sirvió de base, junto con el testimonio del denunciante, para solicitar una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.