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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Salvador Mejía, socio de Asimetrics y coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana de Abogados, analizó el reciente congelamiento de activos ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La medida afecta a siete personas, incluida la diputada Araceli Brown, y a 15 empresas, como consecuencia de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con las actividades delictivas de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el analista, este procedimiento está contenido en la legislación mexicana relacionada con el lavado de dinero, y se destaca que la diputada tiene derecho a aclarar su situación ante la UIF. Sin embargo, el retraso en la reacción de la Secretaría de Hacienda para notificarla plantea dudas sobre la comunicación entre las agencias de inteligencia de ambos países. "Esto sugiere que los canales de comunicación entre la UIF y la FINCEN, su contraparte estadounidense, no están funcionando adecuadamente", declaró.
México carece de medidas contra lavado de dinero: UIF deja espacio a EU
Salvador Mejía destacó la falta de casos exitosos en México para perseguir delitos de lavado de dinero. “No contamos con antecedentes claros de procesos efectivos contra lavadores de dinero”, afirmó.
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El especialista cuestionó además por qué es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien toma acciones antes que las autoridades mexicanas. “Lo absurdo es que conocemos la violencia que genera el crimen organizado y, aun así, no se han implementado las medidas necesarias”, expresó.
En ese sentido, Mejía también abordó la influencia de las listas negras estadounidenses, como la OFAC, y cómo estas afectan de inmediato a las personas involucradas. “La búsqueda de justicia en México se ha visto obstaculizada por la corrupción y la negligencia”, subrayó, señalando que la UIF ha priorizado otras agendas en lugar de enfocarse en un combate efectivo al crimen organizado.
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Sin duda, este bloqueo no es simplemente un acto administrativo; ya que tiene implicaciones significativas en el contexto político y social actual.
"La inclusión de figuras públicas en estas listas es un llamado a la acción. México deberá enfrentar estas sanciones y adaptar sus estrategias de combate al crimen organizado", concluyó.