En México la ley se administra. Con eso me refiero a que a unos se les cobra completa, con multas y recargos; a otros se les concede una especie de fuero callejero bastante eficaz. El resultado es una pedagogía dañina, el ciudadano aprende que cumplir la norma es, a veces, una ingenuidad. En cambio, violarla con suficiente volumen, suficiente número o suficiente capacidad de estorbar puede convertirse en una forma de poder.
Ahí están los motociclistas. Cualquiera que cruce la Ciudad de México a diario presencia motos que serpentea entre carriles, repartidores subidos a la banqueta, placas invisibles, vueltas prohibidas, ausencia de casco. El reglamento parece literatura fantástica. El peatón, que antes temía solo al microbús, ahora debe desarrollar ojos en la nuca.
Los microbuseros merecen capítulo aparte. Paran donde quieren, arrancan cuando quiere, se atraviesan como quieren. Parece que transportan inmunidad constitucional, no pasajeros. Al fin y al cabo, son un grupo de poder corporativo.
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Lo mismo ocurre con las manifestaciones violentas. La protesta es parte esencial de una sociedad libre, pero es muy distinto normalizar que cada movilización anunciada venga acompañada de monumentos blindados y vitrinas rotas. De hecho, lo raro parece recorrer el Paseo de la Reforma de la CDMX y encontrar los monumentos sin vallas o si pintarrajeadas
Administrar la ley, aplicarla selectivamente, no se queda solo en un susto con el motociclista o el microbusero. Uno de los daños colaterales es que genera de un país poco confiable. Y la inversión, que no suele tener vocación heroica, suele rehuir de los lugares donde las reglas se negocian en la calle, donde un bloqueo puede paralizar una zona clave.
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Los inversionistas no necesitan un país perfecto, pero sí uno razonablemente previsible. La pregunta, entonces, es sencilla y bastante incómoda: ¿queremos una ley común o una ley negociada por gremios, contingentes y poderes fácticos? Porque si el reglamento solo se aplica al quien no grita, al quien no bloquea, al queien no amenaza, al quien no puede paralizar la avenida, a quien no maneja motocicleta o microbús, entonces el Estado ya cedió lo esencial. Puede conservar oficinas, uniformes, boletines y campañas de comunicación, pero perdió la autoridad más básica de hacer que las reglas valgan para todos.
México no necesita mano dura como espectáculo ni policías posando para la foto. Necesita la aplicación ordinaria de la ley. La ley se debe aplicar a motociclistas, microbuseros, automovilistas, manifestantes, empresarios, funcionario públicos s y ciudadanos de a pie. Sin excepciones. Todos los días.
***Héctor Zagal y Luis Manuel Gómez, coautores de este artículo, conducen el programa de radio “El Banquete del Dr. Zagal” en MVS 102.5 todos los sábados a las 17:00 y los miércoles a las 21:00. Ambos son profesores de Filosofía en la Universidad Panamericana.