Venezuela inició el año de la peor manera posible, con una operación violenta presentada por Washington como una acción de justicia que llevó a la detención y traslado de su presidente Nicolás Maduro a la Unión Americana, acusado de facilitar el narcotráfico a través del territorio que gobernó desde 2013 y posteriormente, una intervención “administrativa” por parte de la Casa Blanca que compromete su principal recurso natural: el petróleo.
En el plano interno, el clima político es de incertidumbre estructural. La desaparición del liderazgo madurista no elimina al régimen, lo deja prácticamente intacto luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez (brazo derecho del depuesto mandatario) fuera designada como jefa de Estado, por el Tribunal Supremo de Justicia, y las principales instituciones gubernamentales se mantengan indemnes, lo que mantiene la red de intereses civiles, militares y económicos heredados por el chavismo.
Paralelamente, la oposición llega fragmentada, María Corina Machado y Edmundo González, con mayor legitimidad para gobernar, fueron descalificados por el presidente Donald Trump, quien alegó una incapacidad estructural de la oposición para gobernar, por lo que una transición democrática se antoja difícil, por lo menos en el corto plazo. Antes deberá resolverse la reingeniería institucional del Estado, el control territorial y el manejo de la renta petrolera.
Te podría interesar
La relación de Estados Unidos se desplazó de la confrontación retórica a una lógica de administración directa de riesgos. En este momento Estados Unidos no ve a Venezuela como un problema ideológico, sino como un activo estratégico mal gestionado cuya descomposición genera inestabilidad regional. El enfoque actual privilegia el control de flujos –financieros, energéticos y migratorios– sobre la imposición de un modelo específico de corto plazo.
En ese sentido, el petróleo venezolano se convierte en instrumento de ordenamiento: su comercialización, bajo esquemas supervisados o indirectamente administrados desde Estados Unidos, funciona como mecanismo de presión y, a la vez, como incentivo para una transición funcional.
Te podría interesar
En ese reordenamiento energético, la presencia de empresas comercializadoras globales como Trafigura adquiere una dimensión pragmática. Lejos de un juicio político, su participación responde a una lógica de mercado: Venezuela necesita canales confiables para colocar su crudo, acceso a financiamiento operativo y conocimiento logístico que el Estado hoy no posee. Los traders internacionales cumplen esa función puente entre producción y consumo, amortiguando riesgos y acelerando la reinserción del crudo venezolano en los mercados globales. En un escenario de reconstrucción gradual, su papel puede ser estabilizador.
La inversión en la industria petrolera, sin embargo, será el verdadero termómetro del futuro venezolano. La recuperación de la capacidad productiva exige capital intensivo, tecnología y confianza jurídica, tres elementos ausentes durante años. Ninguna empresa de escala invertirá sin claridad sobre la propiedad de los activos, la vigencia de los contratos y la resolución de disputas pasadas.
Cuba es uno de los países más expuestos a la reconfiguración venezolana. La pérdida del subsidio petrolero que durante años sostuvo a la isla acelera una crisis económica que ya era estructural. Sin el respaldo energético de Caracas, La Habana enfrenta la necesidad de redefinir su estrategia: o profundiza una apertura económica selectiva o busca esquemas de negociación internacional. La isla deberá repensar su viabilidad en un entorno mucho menos indulgente.
En perspectiva, el futuro venezolano se perfila como una transición prolongada, fragmentada y profundamente condicionada por intereses externos. Hoy la discusión no se encuentra en quién gobierna, sino bajo qué reglas se administra el principal recurso de su país: un nuevo orden en el que la estabilidad precederá a la democracia y en el que el petróleo, una vez más, marcará los tiempos de la política.
Sumando… La nueva FGR
Gran sorpresa causó entre el personal de la Fiscalía Federal en Morelos ubicada en Cuarnavaca y la subsede ubicada en Acapulco, Guerrero, la visita que realizó la semana pasada la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.
Lo anterior, debido a que entre las y los servidores públicos que desempeñan sus funciones en esas instalaciones no se recuerda que algún titular de la institución hubiera asistido sus centros de trabajo para conocer de primera mano las condiciones en que laboran.
La ex fiscal general de Justicia de la Ciudad de México recorrió detenidamente áreas ministeriales, policiales y periciales, así como de atención al público, archivo, entre otras, para saludar a ministerios públicos, policías federales ministeriales, peritos y personal administrativo, quienes así como no daban crédito de su presencia, también se sintieron valorados por primera vez en mucho tiempo.
La relevancia de la visita a ambas oficinas radica en que más allá de acudir para sacarse la foto, Godoy Ramos tomó nota de las necesidades de cada área y ordenó las acciones pertinentes, en los casos en que fuera necesario, para mejorar el estado que guarda cada inmueble.
Según nos refieren, la idea es visitar la mayor cantidad de sedes posibles, a efecto de realizar un diagnóstico muy completo de las diferentes instalaciones para poder realizar, como en la Fiscalía de la Ciudad de México, las obras necesarias para que tanto el personal como el público usuario cuenten con espacios confortables y dignos para realizar su trabajo y ser atendidos adecuadamente.
Restando… Pagar deudas en la cuesta de enero
Luego de los gastos de fin de año, los primeros días de cada año ponen a prueba la resiliencia financiera de las familias. Clave en las decisiones de los pagos a realizarse en estas fechas es lo que se destina a cubrir deudas.
Esto convierte a la cuesta de enero en un momento crítico para evaluar comportamientos de pago y su impacto en la salud crediticia de la población. En un país donde el crédito es una herramienta clave para la movilidad económica, la puntualidad en los pagos se vuelve un indicador determinante para el acceso con mejores condiciones financieras.
Desde la perspectiva de la información crediticia, la puntualidad pesa más que el tamaño de la deuda, de acuerdo a los expertos de Círculo de Crédito. Dicha Sociedad de Información Crediticia -más conocida como buró de crédito-, señala que incluso los retrasos menores pueden dejar huellas que acompañan al consumidor durante meses o años. Este matiz es especialmente relevante en enero, cuando los compromisos acumulados pueden llevar a descuidos que terminan afectando el historial crediticio en un momento en el que muchas personas buscan liquidez adicional.
La regulación vigente añade otra capa de complejidad. Aunque las deudas se registran en pesos, su permanencia en los burós de crédito se determina con base en su equivalencia en Unidades de Inversión (UDIs). En el caso de Círculo de Crédito, su plataforma clasifica estos plazos de acuerdo con rangos de UDI que van desde los adeudos menores, que se eliminan al cabo de un año, hasta los más elevados, que pueden mantenerse hasta seis años siempre que no exista un proceso judicial o un caso de fraude.
Para el sistema financiero, este período representa una oportunidad estratégica. La regularización de pagos, la reducción de saldos y un uso más prudente del crédito revolvente fortalecen el historial de los consumidores,además de enviar señales positivas a las instituciones que evalúan riesgo. Así es que, no perder de vista que un inicio de año con pagos al día puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento a lo largo de 2026, lo que beneficia tanto a los usuarios como a los intermediarios financieros.