La propuesta del gobierno Federal de elevar el impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, al tabaco, alcohol y productos con alta cantidad de calorías, es resultado de dos factores: el enorme problema de salud pública que presenta la diabetes y obesidad infantil en nuestro país –en consecuencia, adultos con incapacidad y padecimientos crónicos que resultan costosos para el sector productivo, económico y sanitario– y el segundo, el rezago recaudatorio que desde 2014 en que se modificó la ley en materia de Salud y Hacendaria se acordó la Ley 2277 sobre impuestos a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, como medida recomendada por organismos internacionales como la OMS y la OCDE.
Y bajo amparos, contrapropuestas por parte de las empresas y una serie de acuerdos y negociaciones, el IEPS se ha ido negociando sin que verdaderamente sea una medida social que mitigue el problema sanitario en las infancias mexicanas que son el blanco de consumo de estos productos poco nutritivos y causantes de trastornos a la salud, padecimientos crónicos degenerativos. Es por ello, que resulta impensable que haya quien se oponga a esta urgente y necesaria medida de tasar con impuestos especiales que buscan ser el fondo de ayude a los gastos por enfermedades crónicas derivadas del consumo de estos productos que están al alcance en cualquier tienda de conveniencia, dieta diaria de millones de niñas y niñas o en la mesa de las familias del país.
En el paquete hacendario fiscal para el 2026 que se entregó en días pasados y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado la aplicación de la ley 2277 y hacer efectivo este cobro e incremento en el impuesto que pasa de 1 peso por litro a poco más de 3 pesos en refrescos, no sólo está lejos del recomendado por los organismos internacionales el Mundial de la Salud (OMS) que ha insistido en tener una tasa del 20% del precio final que sería aproximadamente de 7 pesos por litro; por otro lado, no se trata de un impuesto recaudatorio sino de una estrategia integral en conjunto con la Secretaría de Salud para el fondo de apoyo en atención a los padecimientos que derivan del consumo de refrescos, bebidas y productos edulcorantes, tabaco y alcohol en nuestro país.
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En México más de la mitad de los niños y niñas en edad escolar presentan sobrepeso u obesidad y 30% tienen diabetes infantil y las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados representan el 40% de las calorías diarias ingeridas por este sector poblacional. En consecuencia, estamos frente a un severo problema de crisis sanitaria que se ha dejado crecer por décadas y sus efectos en salud de jóvenes y adultos es cada vez más evidente, desde hace más de una década que se promueve el impuesto y los cambios en la cultura de alimentación en los infantes en los colegios, los gobiernos y empresas hicieron de la vista gorda para no aplicar la ley de salud con rigor y los propios diputados y senadores solaparon el incumplimiento de las empresas por encima de la salud pública.
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Hoy día, ya no podemos postergar la aplicación y la mano dura a los IEPS y un rigor de vigilancia al fondo de salud producto de este impuesto. No debemos permitir que la avaricia de las industrias refresqueras, de tabaco, alcohol y productos ultraprocesados vuelvan a salirse con la suya promoviendo una deficiencia de salud para las y los niños de este país. Nadie en un sano juicio puede negarse al cumplimiento de la ley e ir cambiando los insumos en las tiendas de conveniencia que incitan al consumo nada saludable, en favor de la riqueza chatarra de las empresas. Necesitamos frenar la crisis sanitaria en nuestro país consecuencia de estos productos nada benéficos.
Abramos la discusión: @salmazan71