Pacificar un país, estabilizar a la sociedad, cerrar la brecha de inequidad, promover políticas públicas de seguridad, desarticular el crimen organizado, disminuir los niveles y expresiones de violencia, desalentar la impunidad… son de los retos más grandes que enfrenta una nación cuando la justicia social es una utopía. La cultura de la Paz en países con crisis sociales es un bien público, colectivo al que deben de apostar más las políticas públicas y las inversiones del PIB, como lo advierten los organismos internacionales de Derechos Humanos de la ONU.
A pesar de que nuestra constitución establece la obligación del Estado de garantizar la paz y la justicia, aun se trata de un bien social que no tiene alcances nacionales y cada vez, las y los mexicanos sentimos lejos de vislumbrar una pacificación en el país.
El costo social y económico que ha traído la inestabilidad en México en la última década es casi seis veces mayor que la inversión pública para salud y casi cinco veces que el gasto destinado a la educación. Su impacto en el Producto interno Bruto (PIB) equivale al 19.8% a nivel nacional contrario a lo que se gastó en 2023 en seguridad pública y sistema judicial que fue del 0.65% del PIB, menos de la mitad de lo que gasta en promedio cualquier país de América Latina.
Estas condiciones de violencia y deterioro de la paz tienen un impacto en la disminución de inversiones, desempleo y expresiones de inseguridad en el espacio púbico, la familia, el trabajo y los sistemas de impartición de justicia y todas aquellas instituciones donde se puede ejercer corrupción.
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En el informe del Instituto para la Economía y la Paz 2024, se establece como se ha reconfigurado en los últimos años la violencia derivada de la delincuencia organizada donde amplían los campos de acción que van desde el control del mercado de marihuana y sustancias ilícitas hasta actividades como la extorsión, cobro de derecho de piso, secuestro, el tráfico de personas y la política.
Como consecuencia de estas variables sobre las prácticas delictivas y criminales en nuestro país, ha aumentado la violencia familiar, la trata de personas, los delitos sexuales, las desapariciones forzadas y el secuestro y los homicidios. A pesar de que las estadísticas indican que el 2023 la paz en México mejoró un 1.4% pero 17 estados muestras una disminución su estabilidad y seguridad, lo que nos lleva a estar en el lugar 14 de las peores naciones del mundo producto de los homicidios dolosos.
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Frente a un escenario de deterioro y violencia donde se han normalizado todas las expresiones de inequidad e impunidad, de desequilibrio del orden y de la inseguridad, ¿Cómo pacificar al país? En países como Colombia, el proceso de estabilidad social y paz se logró con el llamado efecto multiplicador, que consiste en cada peso ahorrado en la contención de la violencia se puede inyectar a incentivar la economía interna.
Cuando se frenan los actos de violencia ya sea por instituciones con mejor impartición de justicia, reducción de la impunidad, buen funcionamiento del gobierno (es decir, proporcionar servicios públicos y civiles de calidad, estabilidad política, procuración del estado de derecho); entorno económico sólido, distribución equitativa de los recursos públicos en beneficio de los espacios como es alumbrado público, infraestructura y servicios de salud, educación y vivienda; democracia y justicia social que signifiquen el reconocimiento y cobertura pleno de los derechos humanos a todos los grupos y sectores sociales considerando las diferencias étnicas, culturales, de género, de identidad sexual, educativas y económicas… Esos pueden ser el comienzo de la Paz como un bien social.
Abramos la conversación: @salmazan71