Cada que comienza un sexenio, la deuda que heredan los nuevos servidores públicos de todo el país es la inseguridad. Desde hace más de dos décadas en que se contabilizan los homicidios y se han creado organismos de la sociedad civil para denunciar desapariciones, muertes y violencia o búsquedas de sus familiares, los presidentes desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador han dejado una enorme y cada vez, más compleja red impunidad frente al crimen que tiene a la ciudadanía en un vilo. Prueba de ello, son los recientes resultados publicados por el INEGI de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el pasado 24 de julio presentó sobre la percepción ciudadana en este tema en el trimestre de abril a junio 2024.
Lo que refleja los datos presentados de la ENSU, 59.4% de la población mexicana consideró inseguro vivir en México, es decir casi 6 de cada 10 personas no aprueban las estrategias del Gobierno en materia de seguridad pública en su ciudad. Siendo los habitantes de Fresnillo (Zacatecas) quienes más vulnerados se sienten (94%); seguido de Naucalpan de Juárez en el Estado de México donde el 89% de las personas que ahí viven se sienten inseguros en la calle y su casa, Uruapan (86.9%); Irapuato (84.8%); y Tapachula (84.7%). Y en esas localizades las mujeres son quienes son más vulnerables y así lo expresan (65.2%) y los hombres 52%.
De las 91 áreas urbanas donde se levantaron las encuestas de percepción de seguridad por parte del INEGI, entre marzo y junio los cambios estadísticos son significativos ya que es la primera vez en este sexenio que se registra una baja con respecto al mismo periodo de hace un año y del primer trimestre del 2024. Pasando del 61, 62.3 al 59.4% que es el resultado más reciente, a pesar de que la violencia aumentó en el periodo electoral con los homicidios de candidatos.
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Otro de los datos que arroja la encuesta tiene que ver con los puntos y acciones donde la población se siente más sensible a un asalto, homicidio o violencia por inseguridad: los cajeros automáticos de la vía pública son espacios y acciones donde más insegura se siente la población; le sigue el transporte público y las carreteras. Se le suma, los actos delictivos y de violencia en espacios donde han consumo de alcohol y drogas como conciertos, fiesta callejeras y antros. Los robos o asaltos a negocios y casa-habitación, riñas entre grupos delictivos o por venta de drogas, el huachicol y las tomas irregulares de luz, son algunos de los actos que desencadenan violencia y producen inseguridad a la población de las zonas urbanas del país.
Ante estos resultados, lo consecuente debe ser un plan específico sobre Seguridad Pública con el nuevo gobierno que verdaderamente atienda en fondo y forma una de las mayores crisis sociales del país: la inseguridad. El nombramiento de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Federal es clave para una reforma estructural del sistema de atención al delito, de sistemas operativos eficientes y transformar la percepción y los delitos en justicia y paz social. Si bien, el ejercicio de futuro secretario en la ciudad de México tuvo acciones claves para crear una percepción generalizada de una ciudad blindada, el país es un complejo y contrastante esquema de inseguridad, violencia, impunidad y crimen organizado que ya no puede esperar más de ser atendido. Es parte de la enorme crisis social de nuestro país que no puede retrasar más su resolución. La paz no es negociable ni aplazable.
Abramos la discusión: @salmazan71