Era viernes por la noche aquel 30 de septiembre del 2016 y en las inmediaciones de la calle Puente de Alvarado (hoy México-Tenochtitlan) colonia Tabacalera, Arturo F. Delgadillo Olvera –identificado como exmilitar, prófugo de la justicia–, solicitó los servicios de las chicas trans que se encontraban sobre la acera de esa conocida por el trabajo de sexoservidoras. Sólo una de ellas aceptó subir a su auto, era Paola Buenrostro y pocos metros adelanté la mató “porque escuchó su voz y era de hombre” (sic).
Kenya Cuevas y otras dos compañeras trabajadoras sexuales trans, escucharon las detonaciones, así como el llamado de auxilio de su compañera Paola; se acercaron al auto la vieron con los impactos de bala en el asiento del copiloto y Arturo N. con la pistola que seguía apuntándoles, pero se encasquilló en su intento por dispararles también a ellas. Kenya tomó video, buscó hacer justicia a su amiga víctima de transfeminicidio una vez que fue liberado por el fiscal Gilberto Cervantes Hernández, cinco días más tarde del delito. Ocho años más tarde, sigue prófugo de la justicia el exmilitar Arturo F Delgado y la violación a los derechos humanos de Paola, Kenya y otras amigas aquella noche fatídica en las calles de esta ciudad donde las personas transexules son objeto cotidiano de agresión, violencia y discriminación.
El pasado jueves 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México votó la Ley Paola Buenrostro –con 47 votos a favor, 3 en contra del PAN y o abstenciones, para tipificar los transfeminicidios como delitos y sancionarlos con pena entre 35 y 70 años de cárcel. Desde el 2021 el Diputado local por MORENA y activista en derechos humanos y Acciones afirmativas Temístocles Villanueva promovió esta iniciativa de ley para detectar las causales y garantizar el acceso a la justicia a todas aquellas víctimas de violencia transmisógina.
Esta ley propone los ajustes al Código Penal local para que se agregue un capítulo, el VII, que contenga los conceptos, las razones y causales en materia de transfeminicidio a quien prive de la vida a una mujer trans por razones de identidad o expresión de género. Así como la capacitación de las autoridades y servidores ministeriales, públicos y forenses, autoridades legistas con perspectiva de género y no discriminación para que no se repitan los abusos de autoridad, violencia e inequidad a lo que fue objeto Paola Buenrostro y sus amigas la noche del asesinato.
A este ajuste legal, se suman otras modificaciones a la Ley de Víctimas, la Ley Orgánica de la Fiscalía y el Código Civil de la Ciudad de México bajo una perspectiva no sólo de crimen de odio en contra de hombres trans y personas no binarias en su amplio espectro. Cuyo objeto principal es hacer justicia sin revictimización sistémica e institucional, el correcto manejo de la situación y del delito; considerando las enormes desigualdades, violación a los derechos humanos y de género que históricamente han sido objeto la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país. El avance legislativo debe encaminarse a la justicia expedita, imparcial y pronta sin discriminación ni cargar la balanza de un lado. Porque en nuestro país, esa situación de desigualdad y discriminación ha causado en los últimos años 53 homicidios anuales a la comunidad de la diversidad en registro oficial, porque sabemos que muchos no se denuncian, las familias los ocultan por vergüenza y evitar esta revictimización.
Es un avance legal en la deuda histórica por la justicia a la diversidad sexo-genérica de esta ciudad y del país que aún 30 Estados tienen este vacío legal; con grupos parlamentarios, sociedad civil e instituciones que voltean la vista a una urgente necesidad de garantía y protección a los Derechos Humanos de las personas sin etiquetas y sin discriminación. Ojalá pronto, la promesa de campaña de la electa presidenta Claudia Sheinbaum promueva la discusión amplia, respetuosa, consensuada y profunda para que no haya más Paolas Buenrostro que pierdan la vida y sin justicia todas las expresiones de la comunidad LGBTIQ+.
Abramos la discusión: @salmazan71