La reciente reelección de Rosario Piedra por un nuevo periodo de cinco años al frente de uno de los pocos órganos autónomos que conserva vivos el obradorismo en México: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); advierte la nula importancia que cobra para el Estado su existencia y actuación; a su vez que deja ver –una vez más la mano dura del operador oficialista en el Senado– la gestión de Adán Augusto López en la decisión más importante para el futuro del país no sólo con su partido sino con sus aliados a quienes tuvo que convencer para que con 87 votos fuera “impuesta” por segunda ocasión Piedra Ibarra a quien durante el periodo pasado de gestión deja sin actuar el 98% de los delitos cometidos que permanecen en la impunidad al llegar al escritorio de la CNDH.
México enfrenta un periodo de mayor crisis en la violación a los derechos humanos, lo que abre la puerta a la impunidad, la corrupción y la violencia sin límite; ya que sin justicia no hay manera de frenar los delitos, menoscabando la confianza de la ciudadanía en las autoridades, en la denuncia y la impartición de justicia como lo deja ver el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México presentado por la Comisión Interamericana en agosto de 2024, donde se analizan 14 categorías internacionales que definen la base de justicia entre las que destacan: seguridad, acceso a la justicia, migración, privacidad y acceso a la información, ataques a periodistas y defensores, derechos de mujeres, de la comunidad LGBT, de migrantes, personas mayores y políticas de cambio climático, entre otros rubros. En todos estos rubros nuestro país ha salido reprobado con carpetas de recomendación e inequidad en materia de atención a la ciudadanía.
En el informe, se advierte que sólo 10% de los delitos por crímenes violentos y violaciones a los derechos básicos se denuncian y de estos solo la mitad son investigados y poco menos del 16% de las investigaciones se resuelven vía tribunales, mediación a acuerdos reparatorios, lo que quiere decir que sólo el 1% de todos los delitos cometidos en el año 2022 son atendidos por la autoridad competente, en este caso incluye, a la CNDH, quien durante los pasados cinco años, desestimó al menos el 90% de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana a temas muy específicos como era el actuar del ejército por tortura en delitos contra la salud, hacia las mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero quienes se toparon con retrocesos severos como es el aumento de la transfobia y asesinatos a personas de la comunidad LGBT y mujeres.
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De las acciones violatorias a los Derechos Humanos que los visitadores del Grupo de Trabajo de la ONU ha reportado en su informe destacan: seguridad y acceso a la justicia a la que prácticamente es inviable en México, ya que el 70% de las armas que utiliza el crimen organizado en nuestro país entra de manera ilegal; la tortura es una práctica que más de la mitad de los policías, fiscales y soldados realizan para obtener información cuando hay una detención, y según el propio registro de la Fiscalía General entre 2018 y 2023, las autoridades recibieron cerca de 16 mil denuncias de este tipo de delitos. Aunado a la poca transparencia en las cifras oficiales de personas desaparecidas que para la Comisión Interamericana superó los 110 mil a pesar de que el reporte que se ajustó al final del sexenio de López Obrador asegura que sólo unas 12 mil personas estaban confirmadas como desaparecidas.
Y muchos de estos informes, de las recomendaciones que los órganos autónomos, comités y organizaciones civiles internacionales han denunciado, estudiado y presentado en los foros de Derechos Humanos también han sido recibidos en la oficina de Rosario Piedra Ibarra quien ha actuado con total impunidad y no se ve que sea distinto en su segundo periodo de responsabilidad que deriva de su reelección por cinco años más al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano autónomo clave para comenzar la transformación de impunidad y justicia en nuestro país.
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