Se consumó la entrega de la Guardia Nacional (GN) al control del Ejército. La aplanadora de Morena y sus aliados confirmaron en el Congreso la declaratoria de constitucionalidad de la anhelada reforma de Andrés Manuel López Obrador. De nada sirvieron las advertencias de la oposición y la sociedad civil de que se ha militarizado la seguridad en el país.
No olvidemos que, desde su creación en 2019 para reemplazar a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional, la Guardia Nacional depende del Ejército Mexicano, desde sus mandos hasta sus tropas, y está conformada con un altísimo porcentaje de militares (85%) y opera con base en esos mandos.
Aunque en el organigrama aparecía en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cierto es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomó el control y los civiles que laboraban en la institución fueron despedidos y relevados por militares. Incumpliendo el compromiso presidencial y constitucional de tener una organización civil para proteger a los ciudadanos.
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El artículo 21 de la Constitución, señala: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Sin embargo, el cambio de opinión y la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena por parte de López Obrador, se sustenta en que bajo el control del Ejército se garantizará la disciplina, eficiencia e incorruptibilidad de los 130.000 elementos que conforman este cuerpo policial. Ignoran o convenientemente olvidan los casos de corrupción que ya se han registrado en ambas instituciones.
Una de ellas, el pasado 9 de junio, donde elementos de la Guardia Nacional ingresaron a una vecindad de la colonia Industrial, en León, Guanajuato; después de siete minutos salieron del domicilio con una bolsa negra. Cinco minutos después, sicarios entraron a la misma vivienda y asesinaron a cuatro mujeres y a dos bebés. Uno de los sobrevivientes del ataque relató que los elementos de la Guardia Nacional hicieron varias llamadas y les dijeron que se fueran de la casa, ya que irían a matarlos.
Su desmemoria e indolencia se refleja en el México real, donde el cerco militar establecido en algunas zonas del país no ha logrado restablecer la paz. Prueba de ello, los estados de Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y Chiapas. Incluso, la investigación de México Evalúa: “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, refiere que los militares en secretarías de Seguridad estatales no han frenado al crimen organizado y que esa medida además va en contra de la carrera civil uniformada y ha provocado inestabilidad en las corporaciones.
El reporte señala que la militarización y la violencia criminal se retroalimentan. A partir de bases de datos, indica que los estados con secretarios de Seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidio de hombres que los estados cuyos secretarios no son integrantes del Ejército o de la Marina.
Sin duda, México vive tiempos complicados en materia de seguridad y violencia. El reporte “MX: La Guerra en Números”, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 11 de agosto de 2024, se han registrado 194 mil 520 homicidios dolosos en México.
El sexenio de la #4Transformación, de Andrés Manuel López Obrador, rebasó a sus antecesores. México pasó de ser “el cuerno de la abundancia” a un cementerio con más de 5,698 fosas clandestinas. Dramas que afectan y enlutan a miles de familias, en un país con tasas del 95% de impunidad y donde la desaparición busca evitar la procuración de justicia.
La descomposición del tejido social creció y hoy llevamos a cuestas una generación en decadencia que pasa factura. El México de jóvenes al que los políticos de antaño le apostaban para salir del atraso, de pronto se frenó y nadie hizo nada. ¿O todos sabían de la podredumbre e hicieron oídos sordos y de la vista gorda? ¿Es mejor pecar de omisión que aceptar la responsabilidad de un mal gobierno, en el nivel de que se trate? Sí. La impunidad y la anarquía se instalaron.
Transitamos de las policías municipales, estatales o federales de carácter civil a una militarizada. La promesa de campaña de regresar a los soldados a los cuarteles no sé cumplió. Hoy, la respuesta federal a los problemas de seguridad interior se atenderá con la polémica Guardia Nacional.
Sin embargo, conviene tener presente que las soluciones mágicas no existen. Se necesitan estrategias integrales, a fin de llegar a diagnósticos correctos. Para empezar, no tenemos un modelo policial para el país. Podrían iniciar, por el diseño e instrumentación de un modelo de fuerzas policiales, civiles, en cada estado, vinculadas con la Guardia Nacional para hacerlas más eficientes.
La militarización de la seguridad pública es un planteamiento muy peligroso ante la ausencia del Estado de Derecho y la terca realidad ha demostrado que la ocupación territorial, no ha significado una reducción de la violencia. Por el contrario, se ha incrementado el riesgo de violaciones a los derechos humanos y el aumento de delitos.
@guillegomora
Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez