Una vez más el México real se impone a la “politiquería”. Al cierre del sexenio la estrategia de “abrazos y no balazos”, fracasó. La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país no se cumplió. Prueba de ello, los más de 8 mil desplazados en el país a causa de conflictos en 2024.
A diferencia de otros conflictos bélicos en el mundo, en México también se libra una guerra no declarada, desde hace años por grupos del narcotráfico y el crimen organizado. Miles de ciudadanos han muerto o se han visto obligados a dejar sus hogares y negocios para salvar la vida y rescatar algo de su patrimonio.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe anual sobre los patrones migratorios a nivel planetario sostiene que, en la actualidad, en el país hay 386 mil personas desplazadas, "es decir, una de cada 300 han sido víctimas de este problema social".
El documento destaca que México se ubica en el cuarto peldaño de los países de América Latina con mayor número de desplazados internos por conflictos y violencia, después de Colombia, Haití y Cuba. Un deshonroso lugar que lamentablemente confirma la impunidad con la que operan los grupos del crimen organizado en contra de la sociedad civil.
Si las escenas de la guerra de Rusia contra Ucrania le impactan y le provocan diversas emociones, observe a su alrededor para confirmar que en algunos estados de México se libran batallas de este tipo ante la indiferencia o complicidad de las autoridades.
Chiapas es un claro y doloroso ejemplo de una guerra civil de la que nadie se quiere hacer responsable, ante la indolencia de las autoridades estatales y federales. En el estado se vive una crisis humanitaria con más de cuatro mil desplazados por la narcoviolencia, principalmente en la zona de Tila, donde diversos ataques de grupos armados han quemado casas y vehículos.
En el municipio de 83.000 habitantes, cerca del 98% vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con Coneval. Los pobladores desplazados han sido resguardados en albergues en distintos puntos del Estado, o han buscado refugio en Guatemala, dejando atrás sus viviendas, animales de compañía y ganado.
Ahora, imagine que vive en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero, entidades controladas por el narcotráfico, donde buscan reclutar a jóvenes para integrarlos a sus filas y tuviera unas horas para huir y salvar su vida. ¿Qué se llevaría? Rancherías y poblados se han convertido en pueblos fantasmas. Se impuso la ley del narco.
Sí, la ley del miedo que gobierna y controla territorios transformando al país en tierra nadie. Las crónicas informativas describen como los pobladores sacan en camionetas, camas, refrigeradores, estufas, algunos animales y prendas de vestir. Y aunque resulte absurdo, el éxodo de las familias y sus bienes son custodiados por policías y militares, quienes deberían protegerlos y evitar la huida.
A pesar de que el desplazamiento forzado fue reconocido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al cierre de su sexenio, aún no hay políticas de Estado para atender este fenómeno. La Cámara de Diputados aprobó en 2020 la "Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno", con la que se buscaba garantizar las condiciones de vida para personas que experimentan desplazamiento forzado. Sin embargo, la norma, está detenida en el Senado desde entonces.
Terminar con esta guerra civil demanda sólo aplicar el Estado de derecho sustentando en dos componentes: el Estado como forma de organización política, y el derecho como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. ¿Se atreverán en el segundo piso de la #4Transformación o seguirán militarizando al país?
Vericuentos
“Democracia en riesgo”: Zedillo
Con claridad el expresidente Ernesto Zedillo, afirmó que la propuesta de reforma al Poder Judicial obedeció a la frustración del presidente López Obrador al no contar con una Suprema Corte de Justicia sumisa y convirtió en una “venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”. Zedillo, advirtió que el congreso mexicano aprobó un conjunto de reformas constitucionales que destruirán al poder judicial y enterrarán la democracia mexicana y lo que quede del frágil estado de derecho, ya que “no tiene nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia”. ¡Tómala!
“¡La lucha no parará!”
Por cierto, trabajadores del Poder Judicial seguirán con protestas, en toda la República Mexicana. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que, a partir del martes,17 de septiembre, reanudarán el plantón, en todas las sedes del Poder Judicial del país. Además, explicó que trabajan en la creación de la coalición denominada “32 Circuitos Unidos”, un proyecto interno del Poder Judicial. ¡Órale!
Paro de limoneros
Michoacán bajo fuego. Los limoneros de Apatzingán se sumaron al paro indefinido de sus compañeros de Buenavista, tras el asesinato de José Luis Aguiñaga, quien se negó a seguir pagando extorsiones al Cártel de los Viagras. El miedo regresó a la zona de cultivo de limón y nada hace el gobierno. ¿Hasta cuándo?
@guillegomora