“La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas.”
Juan Rulfo
A 10 años de la trágica noche de Iguala, en la cual fueron desaparecidos y presuntamente asesinados 43 normalistas de Ayotzinapa, la exigencia por la justicia y la disputa por la verdad desafían a la lógica, cada quien la acomoda a sus intereses o realidad. Hemos transitado de la “verdad histórica” a un “crimen de Estado”, y no hay responsables.
En lo que concierne a los trágicos sucesos registrados la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tenemos, para empezar, 43 verdades diferentes, contadas por los familiares de los alumnos desaparecidos; historias convergentes por su origen y fatal destino que los tiene en pie de lucha exigiendo la presentación con vida de estos jóvenes.
Sin embargo, todo parece indicar que, lamentablemente, vivos no regresarán, pues como lo hemos documentado en este espacio desde el 30 de septiembre de 2014, bajo el título “Guerrero arde”, el crimen organizado subordinado al narcotráfico se encargó de “levantarlos” y desaparecerlos.
Así lo publicamos: “durante la refriega aparecieron personas vestidas de negro encapuchadas que comenzaron a disparar a todo lo que se movía y a subir a los rijosos a camionetas que nadie logró identificar… Versiones extraoficiales señalan que en el lugar se encontraron cartuchos percutidos de AK-47, que sólo utiliza la gente al servicio del crimen organizado… Lo sucedido en Iguala, Guerrero, ha despertado el interés de quienes investigan los hechos por la forma en que se registraron y cómo han ido evolucionando, ya que uno de los muertos era líder del grupo de los normalistas y apareció desollado de una forma por demás inhumana, práctica común entre la delincuencia organizada cuando desea enviar algún mensaje”.
De entonces a la fecha, la cloaca se destapó y los pactos de corrupción e impunidad entre autoridades de los tres nivelesde gobierno el ejército y los narcotraficantes que controlan la región de Guerrero, quedaron al descubierto.
En 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se despidió del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su último informe, detallaron que autoridades de diferentes niveles que en ese entonces estaban en funciones, supieron en todo momento lo sucedido a los normalistas, pero ocultaron y manipularon la información.
Los expertos indicaron que marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto —con monitoreo en tiempo real— el paradero de los jóvenes. No obstante, obstaculizaron información y “construyeron una versión falsa de los hechos”.
También, en 2023, Alejandro Encinas, renunció a la subsecretaría de Derechos Humanos y a la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en medio de tensiones con el Ejército por los archivos sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Incluso, en julio pasado, la Fiscalía de Justicia Militar de la Sedena inició una denuncia penal en contra de Encinas. El exfuncionario compareció, en una audiencia solicitada por los militares acusados de haber participado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Alejandro calificó el hecho como: “un acto sin precedente”; un:“episodio emblemático del realismo mágico”, pues “se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad”.
Hoy, a 10 años de la noche negra de Iguala, estamos ante un vergonzante espectáculo mediático, que devalúa los resultados concretos de las diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), los peritos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Universidad de Innsbruck, en Austria.
La promesa presidencial de López Obrador: "Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables", no se cumplió.Durante su sexenio se manejó en dos frentes: reuniones e informes hacia los familiares y abogados de los normalistas y la defensa de las Fuerzas Armadas, tolerando la opacidad castrense sobre el caso.
Prueba de ello, la renuncia y exilio del ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, responsable de la investigación a inicios del sexenio y al que acusó López obrador de haber cometido omisiones que beneficiaron a los acusados de la desaparición. Gómez Trejo renunció a la fiscalía especial y se fue de México, denunciando presiones indebidas del Gobierno.
Hacia la conmemoración del décimo aniversario, los padres de los normalistas de Ayotzinapa sostienen que en el gobierno de AMLO "no obtuvieron verdad ni justicia", dicen que los dejó “decepcionados” y “terminaron mal”.
Joaquina García, familiar de uno de los normalistas, denunció la falta de entrega de documentos militares: “Nos dio una esperanza muy grande, muy bonita. Sentimos que íbamos a llegar a la verdad porque fue una promesa de un decreto que firmó, pero lamentablemente no fue así, vamos a seguir en esta lucha. Es un sabor amargo, pero aquí vamos a seguir”.
Así las cosas, en el caso Ayotzinapa, cada quien se queda con su certeza: La verdad histórica, la verdad impuesta y la verdad que cada uno conoce en un diálogo de sordos, donde reina la impunidad y la política. La exigencia sigue: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
@guillegomora