El Registro de Deudores Alimentarios en Nuevo León debe operar sin convertirse en una carga burocrática para las mujeres y los acreedores alimentarios, advirtió la Secretaria de la Mujer, Graciela Buchanan Ortega, al señalar que los trámites excesivos terminan afectando directamente a niñas, niños y adolescentes.
Durante la mesa de trabajo “Registro Estatal de Deudores Alimentarios”, la funcionaria expuso que uno de los principales retos es evitar que quienes reclaman el cumplimiento de pensiones alimenticias tengan que recorrer varias dependencias, presentar la misma documentación en repetidas ocasiones o contratar abogados, situaciones que generan revictimización y dificultan el acceso efectivo a la justicia.
Buchanan Ortega subrayó la necesidad de contar con un sistema ágil, sencillo y coordinado, en el que el Poder Judicial, el DIF y las dependencias involucradas compartan información de manera directa, preferentemente mediante mecanismos digitales, con el objetivo de que los trámites se concentren en una sola instancia y sin cargas innecesarias para las mujeres.
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“Otra preocupación tengo, que tiene que haber un sistema adecuado que no burocratiza estas acciones, porque si a las mujeres que están sufriendo la falta de administración de alimentos para sus hijos, se le hace una carga de tener que andar llevando papeles, sin tener que contratar un abogado tener que ir a una dependencia, tener que ir a otra y tener que ir a otra entonces quién es el sancionado verdad, son los acreedores alimentarios”, comentó.
La Secretaria de la Mujer señaló que la falta de simplificación administrativa provoca que, en lugar de sancionar al deudor alimentario, se termine perjudicando a quienes dependen de esos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
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Por ello, insistió en la importancia de establecer convenios interinstitucionales que permitan el intercambio de información de forma eficiente, reduciendo tiempos y costos para las personas acreedoras alimentarias.
Asimismo, consideró indispensable contar con criterios claros y homologados dentro del Poder Judicial respecto a la aplicación de resoluciones provisionales y definitivas en esta materia, con el fin de evitar confusiones y retrasos que impactan negativamente en el proceso.
Finalmente, reiteró que cualquier reglamentación o ajuste normativo debe tener como eje central el interés superior de la niñez, garantizando que los derechos alimentarios se hagan efectivos de manera rápida, accesible y sin obstáculos burocráticos, y se pronunció a favor de seguir construyendo un marco legal que priorice la protección de quienes más lo necesitan.