Silvia Amairani, la joven de 19 años que había denunciado el secuestro de su bebé en Escobedo, Nuevo León, sigue siendo objeto de investigación tras el revelo de detalles sorprendentes en su caso.
Aunque inicialmente reportó que su hija había sido secuestrada por una pareja, las pruebas médicas confirmaron que nunca estuvo embarazada.
Este giro en la investigación ha generado interrogantes sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar la joven por presentar una denuncia falsa.
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¿Cuáles son las consecuencias legales que podría enfrentar?
A pesar de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aún continúa con las investigaciones, Silvia podría estar enfrentando cargos por delitos como desorden público y falsedad.
Desorden Público:
Este delito está contemplado en el artículo 161 del Código Penal y castiga la alteración intencional del orden público. Las penas incluyen prisión de hasta 90 días y multas de hasta 400 pesos.
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Falsedad en informes:
La acusación de falsedad se refiere a brindar datos falsos a las autoridades y puede acarrear penas de prisión de 1 a 8 años, además de multas que oscilan entre los 500 y 1000 UMAs.
La movilización de recursos públicos: ¿una sanción adicional?
El caso de Silvia no solo generó un escándalo mediático, sino también una significativa movilización de recursos. Las autoridades activaron una Alerta Amber, movilizando equipos de rescate y seguridad para localizar a la supuesta bebé.
Dependiendo de la magnitud de los recursos involucrados, las multas por generar alertas falsas pueden ir desde los 4 mil hasta los 54 mil pesos.
El caso se complica aún más cuando se considera la posibilidad de que Silvia haya experimentado un embarazo psicológico, un trastorno donde una persona cree estar embarazada sin que haya un embarazo real. Sin embargo, esto no exime a la joven de las posibles repercusiones legales de sus actos, y la Fiscalía sigue evaluando su estado de salud mental.