DETENIDO

Condenan a 50 años de prisión a hombre por secuestro exprés y robo violento en Apodaca

Durante la audiencia de juicio oral penal celebrada en noviembre de 2025, un juez dictó sentencia condenatoria contra Juan Carlos “N”, hallado culpable de secuestro exprés agravado y robo con violencia moral, cometidos en abril de 2024 en el municipio de Apodaca.

Juan Carlos “N” fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro exprés y robo con violencia en Apodaca, Nuevo León.
Juan Carlos “N” fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro exprés y robo con violencia en Apodaca, Nuevo León.Créditos: Canva/ Fiscalía General de Justicia de Nuevo León
Escrito en NUEVO LEÓN el

Un juez del Poder Judicial de Nuevo León dictó sentencia condenatoria contra Juan Carlos “N”, declarado penalmente responsable de los delitos de secuestro exprés agravado y robo ejecutado con violencia moral, cometidos en abril de 2024 en el municipio de Apodaca.

Durante la diligencia, un Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Robo de Vehículo, presentó pruebas contundentes y testimonios que acreditaron la participación directa del acusado en los hechos. El juez resolvió que la evidencia era válida, creíble y suficiente para demostrar la intención dolosa y la responsabilidad penal plena del acusado.

De acuerdo con las investigaciones, el 1 de abril de 2024, Juan Carlos “N”, junto con otros dos individuos, se aproximó a un tractocamión cargado con 60 mil kilogramos de azúcar, estacionado en calles de la colonia Parque Industrial Milimex. Usando una llave de tuercas, rompieron una ventana e intimidaron al chofer, a quien cubrieron con una cobija dentro del camarote para privarlo de su libertad.

El vehículo fue conducido por una brecha hasta el kilómetro 60 de la autopista Apodaca–Cadereyta, a la altura de la colonia Compostela, en Juárez, donde la oportuna intervención de policías municipales permitió recuperar la unidad, liberar a la víctima y detener al acusado.

Tras valorar los alegatos finales, el juez declaró infundados los argumentos de la defensa y concedió razón al Ministerio Público, dictando una pena de 50 años de prisión, que deberá cumplirse en un Centro de Reinserción Social estatal.