El Presupuesto 2026 en Nuevo León generó las primeras reacciones en el Congreso Local después de que las bancadas revisaran a detalle el documento enviado por el Gobierno Estatal.
Legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI coincidieron en que el análisis técnico será clave en los próximos días, aunque cada grupo parlamentario expresó inquietudes distintas sobre el endeudamiento, la recaudación y el efecto económico que podría tener en la entidad.
La Coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, señaló que la propuesta fue entregada en tiempo y forma y afirmó que su bancada mantiene apertura para discutirla con todas las fuerzas políticas.
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Destacó que el Estado conserva un manejo responsable de las finanzas, con semáforo verde ante la Secretaría de Hacienda, lo que permite niveles prudentes de deuda.
Sobre el Impuesto Sobre Nómina (ISN), respondió a las dudas del sector empresarial al indicar que, de acuerdo con la Tesorería, el ajuste no afectaría a las PYMES y estaría dirigido principalmente a grandes corporativos. Aseguró que MC buscará un equilibrio entre las necesidades financieras del Estado y la estabilidad del sector productivo.
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En contraste, el Coordinador del PAN, Carlos Alberto de la Fuente, advirtió que el proyecto plantea riesgos para las finanzas estatales. Mencionó que el incremento del Impuesto Sobre Nómina del 3 al 4 por ciento podría generar más de 6 mil millones de pesos sin un destino definido, situación que inquieta al sector empresarial.
También alertó que el Gobierno pretende refinanciar 14 mil 600 millones de pesos en deuda, extendiendo plazos por hasta tres décadas, lo que atribuyó a una falta de planeación en obras ya anunciadas.
Agregó que las recientes declaraciones del Gobernador de Nuevo León han complicado el diálogo político y que su bancada seguirá reuniéndose con organismos empresariales para evaluar el impacto real del paquete fiscal.
Por su parte, los diputados del PRI, Javier Caballero Gaona, Lorena de la Garza y Perla Villarreal Valdez, calificaron el Paquete Fiscal 2026 como “imposible de aprobar” en los términos actuales. Afirmaron que el aumento al ISN representaría un incremento cercano al 33 por ciento y afectaría a empresas de todos los tamaños.
Señalaron además que el Ejecutivo concentra el 94 por ciento de los ingresos excedentes en la administración central, inflando presupuestos con fines electorales y promoviendo un Código Fiscal que, a su juicio, podría derivar en persecuciones administrativas.
Sostuvieron que el estado enfrenta un “desastre financiero” por obras sin respaldo presupuestal, y adelantaron que exigirán cambios profundos para evitar que la ciudadanía absorba el costo de decisiones "improvisadas".