Con el objetivo de actualizar el Código Penal ante el creciente uso de tecnologías para cometer fraudes digitales, la diputada Myrna Grimaldo Iracheta presentó una iniciativa que contempla cinco nuevas agravantes para el delito de suplantación de identidad en Nuevo León.
La propuesta fue entregada este jueves en la Oficialía de Partes del Congreso Local y plantea adicionar el Artículo 444 Bis para definir con mayor precisión las conductas consideradas como suplantación de identidad.
¿Cuáles son las cinco nuevas agravantes?
Entre las modificaciones propuestas se incluyen sanciones a quienes:
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- Usen medios electrónicos o telemáticos para manipular datos o mensajes con el fin de obtener un lucro indebido.
- Transfieran o posean información personal de terceros para cometer o favorecer actividades ilícitas.
- Se apropien de identidades en plataformas digitales causando daño moral o patrimonial.
- Autoricen el uso de su identidad o datos personales con fines ilícitos.
- Se valgan de homonimia, parecido físico o similitud de voz para obtener beneficios indebidos.
De acuerdo con Grimaldo Iracheta, esta actualización busca cerrar vacíos legales y garantizar que los jueces cuenten con herramientas para sancionar eficazmente este tipo de delitos.
La legisladora explicó que el actual Artículo 444 del Código Penal resulta insuficiente para atender los casos que surgen con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial.
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“Estamos presentando un 444 Bis donde precisamos puntualmente cuáles son los casos en los que se está dando todo el tema de suplantación. Hoy con la Inteligencia Artificial han estado sucediendo muchísimos casos; tan solo en 2024 se reportaron más de 4 millones en Nuevo León”, señaló Grimaldo Iracheta.
Actualmente, la pena por este delito es de tres a ocho años de prisión y una multa de hasta 226 mil pesos, aunque la diputada considera que se requiere una tipificación más detallada ante la sofisticación de los delitos digitales.
De acuerdo con datos del Banco de México, el país se encuentra entre los ocho primeros lugares a nivel global en incidencia de robo de identidad, con un crecimiento del 52% y más de 4.4 millones de reclamaciones bancarias relacionadas con este delito.
Desde 2013, la suplantación de identidad se encuentra tipificada en el Código Penal de Nuevo León, y fue reforzada en 2019 con penas más severas para quienes cometan el delito aprovechando un cargo público o profesión.