A través de un video en sus redes sociales, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, anunció que firmó el decreto en el cual veta el alza a los valores catastrales propuesto por el municipio de Monterrey y su alcalde, Adrián de la Garza Santos.
En el metraje, el mandatario indicó que en un principio calificó de excesivo el alza del 30 por ciento al impuesto predial.
Sin embargo, señaló que, tras analizar a fondo la propuesta aprobada por el Congreso, se percató de que existían zonas con aumentos de hasta un mil 500 por ciento, por lo que no podía aprobar esta alza.
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El mandatario puso ejemplos de cómo, en zonas como alrededor de Los Nogales, de pagar 150 pesos del predial, ahora se pagarían hasta 3 mil pesos, mientras que, en otro ejemplo, en la avenida Luis Donaldo Colosio, de pagar de 3 mil 200 pagarían 7 mil 800 pesos, afectando a usuarios que, señaló, pagan recurrentemente su predial.
Ahora, con la firma del veto, el mandatario señaló que el Congreso Local necesita mayoría absoluta de los legisladores para superar su veto con miras de aprobar dicho aumento, por lo que deseó que no consigan esta mayoría para afectar el bolsillo de la gente.
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Finalmente, el mandatario estatal señaló que la recaudación del municipio de Monterrey es pésima, por lo que, tras sondeos a la ciudadanía en sus redes sociales, optó por enviar este veto al poder legislativo.
Estado veta valores catastrales y presupuesto de ingresos de Monterrey
Con el objetivo de vetar los decretos 005, relacionados con la tabla de valores catastrales, y 042, sobre el presupuesto de ingresos del municipio de Monterrey, Ulises Carlin de la Fuente, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, presentó las observaciones correspondientes en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
¿Por qué realizaron el veto?
El consejero jurídico explicó que ambos decretos están vinculados, ya que el presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso depende de la recaudación derivada del impuesto predial. Por ello, al no contar inicialmente con una visión integral de ambos documentos, el Poder Ejecutivo decidió ejercer su derecho al veto.
“Nos dieron una parte de la historia incompleta, y al tener la visión integral comenzamos a contar los términos para realizar las observaciones”, afirmó Carlin de la Fuente.
Carlin de la Fuente aclaró que este procedimiento no responde a intereses políticos ni partidistas, sino que se enmarca dentro de la revisión del paquete fiscal de las administraciones públicas.
En caso de que el Poder Legislativo no acepte las observaciones del Poder Ejecutivo, se evaluará la fundamentación del Congreso y se decidirá si se toman en consideración los criterios planteados por el gobernador Samuel García.