En una denuncia conjunta, los alcaldes Daniel Carrillo Martínez e Ignacio Castellanos Amaya, de San Nicolás y Agualeguas
respectivamente, confrontaron hoy las implicaciones de la suspensión del Fondo Municipal, ya que presentaron una serie de documentos para desacreditar la legalidad de dicho dictamen.
El origen de la controversia se remonta a una queja presentada por el Municipio de Abasolo, que ha desencadenado un bloqueo presupuestario afectando a 28 municipios no afiliados al partido del Gobernador Samuel García.
Carrillo Martínez destacó que la suspensión dictada por una magistrada de la Sala Regional Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tiene jurisdicción en asuntos locales.
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Paralelamente, los alcaldes advirtieron que, en caso de no recibir los fondos dentro del plazo indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomarán medidas adicionales. Este retraso afecta a municipios urbanos y rurales que dependen significativamente de estos recursos. Además, hicieron hincapié en que la promesa de 3,000 millones para el 2024 es incierta, ya que deben priorizarse las obligaciones presupuestarias del 2023.
Además, la SCJN rechazó de manera definitiva la controversia constitucional presentada por el municipio de El Carmen, que buscaba la entrega de fondos. La SCJN otorgó tres días hábiles a la administración de García para liberar los más de 1,700 millones de pesos pendientes.
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"Estas son jugarretas que ha aplicado el gobernador en múltiples instancias, creo que ya nos dejó claro su forma de trabajar, todo lo judicializa" aseguró Daniel Carrillo.