Un juez federal suspendió indefinidamente el comienzo de un juicio por Homicidio Calificado en contra de 7 militares de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano debido a la falta de juzgadores adscritos al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, informó el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas
La suspensión del juicio perteneciente a la Causa Penal 203/2023 provocó la inconformidad de los familiares de las víctimas de cinco civiles ejecutados el 18 de mayo del 2023 frente a un centro comercial de Nuevo Laredo y a pleno día, informaron sus asesores jurídicos Roberto Puente y Edgar Netro.
“Desde hace dos años y un mes estamos esperando que se haga justicia, la audiencia de inicio del juicio estaba programada para el 29 de septiembre de este año, pero hemos sido informados que fue suspendida por falta de jueces federales en Tamaulipas y es probable que se lleve a cabo hasta el año 2026”, explicó Roberto Puente.
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Por su parte Edgar Netro, otro de los asesores jurídicos consideró que el acceso a la justicia se les está negando a las víctimas directas Alex Blucha, Jorge Colector, José Moreno, Edgar Chavarría, y José Rivera, así como a las familias que los representan.
También hizo un llamado al presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz para que atiendan el llamado de justicia e instale un Tribunal de Enjuiciamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues el Centro de Justicia Penal Federal más cercano está ubicado en la ciudad de Reynosa.
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Mientras que Beatriz Cueva acusó al gobierno mexicano de estar protegiendo a los militares responsables del asesinato de sus familiares dejándoles en libertad.
“Y ahorita resulta que no hay un juez que lleve nuestro caso, ya pasaron dos años de impunidad y no tenemos justicia”, expresó.
“El presidente que salió (López Obrador) dijo que habría justicia pues existen evidencias suficientes que en este caso no hubo ningún enfrentamiento fue una ejecución de los militares, ahí está el video como prueba”, agregó la representante de las familias, al Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por Raymundo Ramos Vázquez.