A dos semanas de la explosión de gas LP que transportaba una pipa que volcó abajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la tragedia aumentó a 30 víctimas mortales y 15 personas que siguen hospitalizadas.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) y la Comisión de Atención de Víctimas de CDMX, son las garantes de que la empresa Transportes Silza cumpla con la reparación del daño mediante pagos de indemnización a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas.
En la carpeta de investigación se integró cada uno de los casos de las personas que han perdido la vida y los heridos que aún siguen internados y los 39 que ya fueron dados de alta.
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Los procedimientos de indemnización se analizan en el seno de la Fiscalía capitalina con la rectoría del ministerio público, informaron autoridades de la institución.
La empresa de transportes Silza ha manifestado su disposición para cubrir las indemnizaciones a las víctimas de la explosión de, destinando incluso "recursos adicionales" más allá de sus seguros vigentes.
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La empresa está colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), institución que sirve de puente y enlace en la interlocución y gestión de los apoyos, en el que también ofrece asesoría y apoyo legal a las víctimas directas e indirectas.
La consultora y penalista Cristina Ponce explicó los pasos que sigue el proceso de reparación del daño.
“La reparación del pago de indemnización a las víctimas, es un proceso multidisciplinario que involucra aspectos jurídicos y médicos, y que obviamente aquí la indemnización se rige por la ley general de víctimas de la Ciudad de México y la defensa, así como la ley Federal del Trabajo.
“Durante estos dos ordenamientos podemos entender que la reparación integral del daño tiene que ver la indemnización pecuniaria la rehabilitación, la satisfacción de las garantías de la no repetición”.
Se mide también el daño moral y lo que las víctimas dejarán de percibir ya se apor muerte o por incapacidad física.
“Esto nos lleva a verlo con perspectiva jurídica donde se tienen que cubrir esos gastos, los daños morales, así como el lucro cesante, es decir, las ganancias que la víctima dejó de percibir, además atender con la perspectiva médica que tiene su dirección con la ley Federal del trabajo y la valoración del daño que establece un catálogo de lesiones en este catálogo de lesiones, los perritos médicos evalúan y dictaminan el tipo de lesión su gravedad el tiempo de recuperación, si es que lo hay la rehabilitación y en este caso la muerte”, puntualizó.
Estos procedimientos llevan la vigilancia también de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México que ha mostrado efectividad en otros casos como el percance de la línea 12 del Metro, donde 26 personas murieron y 100 más resultaron lesionadas y ahora para las víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa.
@amarilloalarcon