Al documentarse que las empresas concentran el 75 por ciento de los casos de discriminación, principalmente en mujeres, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, la Comisión de Administración Pública del Congreso capitalino aprobó un dictamen que prohibirá a las autoridades de esta ciudad contratar los servicios de empresas que hayan sido sancionadas por actos de discriminación.
CDMX tomará acción contra empresas que discriminen
La presidenta de la Comisión, la diputada morenista Elizabeth Mateos Hernández expuso que el objetivo es establecer este requisito de que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades “se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con personas físicas o morales que, además de los supuestos ya señalados en el artículo 39, hayan sido sancionadas por actos de discriminación mediante resolución firme de la autoridad competente”.
La iniciativa de la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT), recibió una opinión positiva del Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred) que sustentó su postura con datos del Informe de Casos de Atención Ciudadana 2023, donde se documenta este 75 por ciento de casos de discriminación originados en las empresas.
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“Estos datos confirman la necesidad de que el marco legal establezca medidas preventivas para evitar que recursos públicos terminen en manos de empresas que vulneren derechos”, afirmó la legisladora Mateos Hernández, al considerar que incorporar este requisito es viable y un mecanismo eficaz para garantizar el uso de recursos públicos con legalidad, respeto y dignidad humana.
La propuesta original se modificó para no limitarla a dos instancias específicas y abarcar a toda autoridad competente en esta ciudad, además de que se estableció un plazo de tres años para el impedimento de contratación.
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