Fraudes procesales, prácticas de subcontratación conocida como outsourcing y deficiencias de los abogados postulantes que combinan la litigación en la junta de conciliación con los juicios orales en tribunales del Poder Judicial de Ciudad de México (PJCDMX), son algunos de los “vicios” a los que se enfrentan las y los jueces en su labor de impartir justicia en materia laboral, los cuales derivan del modelo anterior.
Así lo afirmó la titular del Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del PJCDMX, Claudia Celis García, quien alertó que el Estado mexicano tiene aún demasiado por hacer en el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, muchos de los cuales se desempeñan en la informalidad, incluidas personas extranjeras que, con el auge de la migración, se quedan a trabajar en México.
La juzgadora destacó el papel preponderante de la visión de derechos humanos que impera en el modelo de justicia laboral impartida por los tribunales del PJCDMX.
Te podría interesar
Consideró que, desde la implementación de la justicia laboral a cargo del órgano judicial capitalino, a partir de octubre de 2022, se registró un avance en el fortalecimiento de los derechos laborales de las personas con el desempeño de las y los jueces, de los cuales nueve son de asuntos individuales y uno de colectivos.
Te podría interesar
Celis García alertó que en el quehacer cotidiano de impartir justicia laboral se detectan vicios que devienen del sistema anterior; uno de ello, ejemplificó, el fraude procesal como la alteración de firmas por parte del patrón para tratar de acreditar la renuncia del trabajador que alega despido injustificado o prácticas como la de obligar al o el empleado a firmar su renuncia anticipada cometer o condicionante para otorgarle el trabajo.
Respecto a la subcontratación de personal, la jueza advirtió que se mantiene esa práctica pese a la legislación que la prohíbe, y destacó que, ante esos problemas y problemas en la práctica, está el trabajo de las y los juzgadores para “levantar ese velo” y vincular a todos los posibles empleadores y fijarles obligación solidaria frente al trabajador.
Por otra parte, se refirió al papel de las y los abogados postulantes en materia laboral, al asegurar que, sin generalizar, se nota una “deficiencia” en su desempeño, por lo que planteó la necesidad trabajar con ellos para concientizarlos “y decirles que hay que estudiar y capacitarse en materia de oralidad”.
“Aquí la cuestión es que como todavía no termina el trabajo de la junta (de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México), están divididos: o atienden el trabajo de la junta o atienden los juicios laborales”, explicó.
@amarilloalarcon