Comisiones Unidas de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron la iniciativa de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, para endurecer las sanciones en los delitos de despojo con el objetivo de enfrentar la impunidad que se ha registrado recientemente en este tipo de crímenes fortaleciendo la función notarial. La reforma propone incremento en las penas actuales así como establecer nuevas agravantes no contempladas en las leyes actualmente.
Las estadísticas que presenta la iniciativa indican que de enero de 2018 a junio de 2025, se han reportado un total de 28,987 despojos denunciados, lo que representa casi 12 despojos diarios en la capital del país, siendo las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc las que concentran el mayor número de casos.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Alberto Martínez Urincho, sostuvo que de esta forma se da respuesta a un fenómeno que afecta a miles de capitalinos.
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El dictamen, plantea modificar y adicionar diversas disposiciones en cuatro cuerpos normativos clave, Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del notariado, todos de la ciudad de Méxicoi.
En el caso del incremento en la sanción de los actuales cinco a diez años de prisión se pasa a de seis a once años de prisión y de doscientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
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Se adiciona como delito la simulación de actos jurídicos para apoderarse de las propiedades, la suplantación de la identidad y el acto de impedir el disfrute material de un bien inmueble ajeno.
Se establecen nuevas agravantes incluyendo la comisión del delito en contra de menores de edad, mujeres embarazadas o personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena. También se consideran agravantes cuando el sujeto infractor sea titular de una notaría en ejercicio o con motivo de sus funciones, o cuando participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o simule un cargo público.
También se equipara a delito de despojo cuando la persona tras ser requerida por autoridad competente, mantenga la ocupación del inmueble.
Finalmente se establece la presunción de mala fe, cuando la posesión del inmueble derive de un acto jurídico simulado o cuando el poseedor sepa que el título de propiedad es invalido.
El dictamen deberá ser presentado ante el Pleno, para que las y los diputados lo valores y voten ya sea en sentido positivo o negativo, de aprobarse los cambios surtirán efecto una vez que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.