El huachicoleo del agua o comercio ilícito del recurso ya podrá ser sancionado de manera clara, el Congreso capitalino aprobó hacer reformas al Código Penal para tipificar y sancionar a quien extraiga, comercialice y aproveche ilegalmente el agua.
La diputada promovente, la panista Olivia Garza, señaló que el objetivo es cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas para perseguir una práctica que opera mediante tomas clandestinas, redes irregulares y esquemas de lucro alrededor de un recurso indispensable para la población.
“Durante años hemos escuchado sobre tomas clandestinas, redes ilegales y prácticas donde algunos han encontrado en la escasez una oportunidad de negocio. Mientras miles de familias esperan el suministro, otros lucran con esta necesidad y aprovechan la falta de herramientas jurídicas claras".
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“Este dictamen representa un avance importante porque deja tras la antigüedad y establece consecuencias legales para conductas que estaban generando impunidad. A partir de ahora las autoridades contarán con mayores elementos para investigar y sancionar estas prácticas”.
Con las reformas hechas se establecen sanciones para quienes sustraigan, exploten, transporten o comercialicen agua alterando infraestructura hidráulica sin autorización con una pena de 6 a 10 años de prisión y multas que van de los 11 mil 731 pesos a los 58 mil 655 pesos.
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Cuando el robo tenga como finalidad almacenar, distribuir o suministrar agua para obtener un beneficio económico, las sanciones aumentarán a 6 y hasta 12 años de prisión, con multas de entre 23 mil 462 pesos y hasta 234 mil 620 pesos.
También se sancionará la comercialización ilícita mediante pipas, vehículos cisterna, redes alternas u otros medios cuando no exista concesión o autorización legal, así como aquellos que manipulen medidores o alteren infraestructura hídrica para evitar pagos o modificar el suministro.
En el caso de servidores públicos que participen en este tipo de huachicoleo, además de las sanciones penales podrán aplicarse medidas de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.