El vocero de Morena en el Congreso capitalino, Paulo García sostuvo que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega no ha podido demostrar que prohibió las obras de demolición en el edificio de San Antonio Abad 124 -que costó la vida de tres trabajadores-, y al contrario las evidencias que presentó la desmienten.
En conferencia de prensa el morenista se refirió al oficio presentado por Rojo de la Vega donde se pide a la empresa subsane observaciones respecto a la demolición, pero en ningún momento se lee que en tanto se subsanan no pueden continuar con su trabajo en el terreno.
“Lo que dice ese documento, si se analiza detenidamente, no es una negativa, no es que no esté dando permiso para que se lleve a cabo la demolición. Le piden al particular que en cinco días hábiles haga llegar documentación que le faltó entonces lo establecemos hoy hasta este momento no hay evidencia que la alcaldía Cuauhtémoc haya negado el permiso, el registro de esta obra de demolición, por lo que si no lo sostiene en público la alcaldesa, pues habría mentido porque ese ese ha sido su principal argumento ´nosotros en la alcaldía negamos el permiso y fue el Gobierno de la ciudad quien autorizó´”
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García denunció que la directora de Obras de Cuauhtémoc, Mariana Rodríguez Mier y Terán, era la misma de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón, por lo que “reciclan perfiles” para benefician a las mismas empresas, asegurando que hay una red de cargos que el PRIAN comparte en esta ciudad y que se debe parar para que no sigan poniendo a funcionarios que no saben de ley, sentenció.
Sobre los señalamientos de la alcaldesa en el sentido de que la Comisión para la Reconstrucción que encabezó el hoy secretario de Gobierno, César Cravioto, flexibilizó los trámites para poder llevar a cabo derrumbes de edificios dañados, Paulo García insistió en subrayar que ese beneficio solo aplica en viviendas y San Antonio Abad 124 era edificio de oficinas.
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Finalmente insistió en que, aunque se respalde en ese acuerdo, insistió en que ningún tipo de ordenamiento administrativo está por encima de lo que establece la ley que en el caso de la ciudad, en su Constitución local, como en su Ley de Alcaldías, señala como responsable de otorgar o negar permisos de demolición a las alcaldías.