“Aunque los cargos por terrorismo fueron desestimados” el pasado 30 de diciembre, “la permanencia de otras acusaciones y la imposición de prisión domiciliaria por un año constituyen una clara continuación de la persecución contra el ejercicio legítimo del periodismo en el estado de Veracruz”, enfatiza Propuesta Cívica, organismo defensor de la libertad de expresión, al remarcar su “profunda indignación” y rechazo categórico a la persistente criminalización del periodista Rafael León Segovia (Lafita León), detenido el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz, acusado en primera instancia “de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública”.
“México se encuentra en el primer lugar de asesinatos a periodistas en países sin conflicto armado, ahora, se suma una criminalización judicial que utiliza figuras penales gravísimas como ‘terrorismo’ o ‘lavado de dinero’, con lo cual se aproxima crecientemente a realidades semejantes a las de Cuba, El Salvador, Nicaragua o Venezuela”, apunta Propuesta Cívica, al demandar a la Fiscalía General de Veracruz “retirar inmediatamente los cargos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública” en contra de Rafael León Segovia; “reparar completamente los daños patrimoniales causados durante la detención; y otorgar disculpas públicas por el trato discriminatorio recibido”.
Asimismo, “urge a las autoridades del estado a fortalecer mecanismos de control y supervisión de la Fiscalía estatal y a conducir una investigación integral e imparcial de la Fiscalía General del Estado por conducta abusiva”.
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“La totalidad de las acusaciones” en contra de Rafael León Segovia “estarían vinculadas a su labor informativa”, remarca Propuesta Cívica, al referir que “la Fiscalía General de Veracruz utilizó las coberturas del periodista sobre violencia e inseguridad como ‘prueba’ de delitos, argumentando que su eficiencia al arribar a los hechos constituía un indicio de conocimiento previo de actividades criminales”.
Si bien el juez de control determinó que no existía vínculo alguno entre Rafael León y estructuras delictivas, desestimando completamente la acusación por terrorismo; “la audiencia estuvo marcada por inconsistencias, falta de argumentos sólidos e irregularidades en la actuación de la Fiscalía”, remarca Propuesta Cívica, al considerar que “detrás del absurdo cargo por terrorismo, se encuentra una clara intención de suprimir el periodismo crítico”.
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2025 fue “un periodo caracterizado por la criminalización del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión ciudadana, con un nivel sin precedentes de persecuciones legales contra periodistas y personas que utilizaron las redes sociales para exigir la rendición de cuentas” a quienes desempeñan “puestos públicos”, finalizó Propuesta Cívica.