La reforma en materia de amparo propuesta por la Presidenta de la República terminará con ese juicio y los ciudadanos quedarán indefensos ante los abusos del poder, advirtió la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
El coordinador Rubén Moreira subrayó que el amparo es una aportación al derecho hecha por juristas y expertos mexicanos, pero en administraciones de tipo autoritario como la que tiene el país, “estorba” para concretar proyectos que pudieran implicar abusos y violaciones a derechos de la población.
“El amparo ¿qué es?, es un juicio; ¿dónde se inventó?, en México; ¿tenía antecedentes en otras partes del mundo?, sí, con antecedentes en otras partes del mundo. No es un recurso, es un juicio, ¿se juzga qué?, si es constitucional lo que te hace una autoridad o no es constitucional”, planteó.
Te podría interesar
El legislador calificó como “criminal” y con una acción más hacia un régimen dictatorial, limitar “gravemente” la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan ante abusos de la autoridad.
Es un nuevo retroceso “histórico” en cuanto a las libertades y defensa de los derechos de la población, sentenció en su programa en plataformas digitales, “Con peras, manzanas y naranjas”, transmitido la noche de este sábado 20 de septiembre.
Te podría interesar
Foros de análisis serán 'puro cuento'
Aprovechó para afirmar que sus integrantes no acudirán a los foros de análisis de ese proyecto, al considerar que no son serios y no habrá posibilidad de que lo planteado en esos espacios se refleje en cambios a la propuesta presidencial.
“Están chinguenguenchón el tema, pero está como para no acabar, yo espero que nuestra Barra Mexicana de Abogados pronto haba pronunciamientos. El PRI no va a participar en los foros estos abiertos que quieren hacer, que son puro cuento (…) y es preocupante, vamos a la dictadura”, refrendó.
Acusó que la intención del Ejecutivo Federal es proteger al gobierno por encima del gobernado.
Acompañado por los analistas y exlegisladores federales, Mario Di Costanzo y Miguel Sulub, Moreira Valdez agregaron que los cambios propuestos por la Presidenta buscan eliminar los efectos generales en suspensiones asociadas a juicios de amparo, lo que dificultará la protección y acceso a la justicia para aquellos que se consideren afectados por actos o decisiones de gobierno.
Se restringirá la posibilidad de argumentar “interés legítimo” para promover amparos, lo que bloqueará la defensa del interés colectivo en caso como los de defensa de derecho a un medio ambiente sano, ejemplificó.
Asimismo, la Presidenta pide eliminar la aplicación de sanciones como la suspensión, destitución y multa, a aquellas autoridades que se nieguen a incumplir amparos; aunado a que las multas aplicables por desacatar los efectos de amparos serán pagadas con recursos públicos.
De igual modo, habrá candados para cuando un juez determine que es inaplicable la prisión preventiva oficiosa, lo que podría dejar en prisión a personas que hayan cometido faltas que no ameritan la privación de la libertad, sino seguir el juicio en libertad.
Lo anterior, agregó, afectaría principalmente a personas involucradas en casos de tipo fiscal.
La jefa del Ejecutivo planteó que el amparo indirecto ya no aplique en casos de embargos arbitrarios, por lo que el afectado no podrá defenderse sino hasta que se emita una convocatoria de remate de sus bienes.
También prevé “blindar” la deuda pública, para impedir que personas que se consideren afectadas con el sobreendeudamiento y que ello pueda poner en riesgo las finanzas del país, puedan impugnar la contratación de deuda, advirtió.
Moreira Valdez coincidió con sus colaboradores en cuanto a que las modificaciones propuestas seguramente avanzarán por la vía de la imposición del bloque mayoritario, sin escuchar a la oposición y pasando por alto “principios democráticos” como el de la defensa de los derechos humanos.