Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia dejó en claro que la reforma a la Ley de Amparo mantendrá este recurso legal como escudo a la ciudadanía, pero no será más un refugio para evitar la justicia.
Este viernes, desde Palacio Nacional, la funcionaria advirtió que que ampararse para ocultar delitos, es sinónimo de impunidad.
Agregó que los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos, como lo consagra la Constitución.
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“Esta reforma no debilita el amparo; lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”, indicó.
“Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad. Y para la debida aplicación de la Ley de Amparo es necesario modificar: Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, agregó.
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La consejera jurídica del gobierno federal explicó que la reforma establece plazos y términos para una justicia pronta, en donde las normas actuales no están previstas.
“Se establece una parte importante de justicia digital, se incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital, con plena validez legal, operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento”, señaló.
Godoy añadió que en el cumplimiento y ejecución de sentencias, los juzgadores deben señalar con claridad quién debe cumplir la sentencia y qué le toca hacer, para que no haya pretextos por parte de las autoridades y se respete el derecho de la persona.
A su vez, el coordinador general de Política y gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar rechazó que la reforma sea regresiva y busque limitar el acceso de defensa de los mexicanos.
“Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital y hay dos aspectos fundamentales que se han estado criticando no sé si por mala fe o por ignorancia”, indicó.
El primero, que se está está limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo”, es decir, ya no van a poderse defender a través del amparo derechos como los ambientales.
“Esto no es así. La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.