México está a punto de dar un paso que podría transformar la vida de millones de trabajadores: reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La propuesta, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, plantea un esquema gradual para que la transición sea ordenada y no afecte los salarios ni la productividad.
El primer ajuste llegaría en 2026, cuando la jornada se reduciría a 46 horas, para después seguir bajando hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
La iniciativa ya ha despertado entusiasmo entre defensores de los derechos laborales y, al mismo tiempo, cautela en el sector empresarial.
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Este sería el calendario para ir reduciendo la jornada laboral en México
- 2026: Jornada de 46 horas.
- 2027: Baja a 44 horas.
- 2028: Baja a 42 horas.
- 2029: Reduce a 41 horas.
- 2030: Entrada en vigor total a 40 horas.
La Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños López, defiende la gradualidad para asegurar una transición suave y consensuada. Se prevén foros de trabajo entre trabajadores, empresarios, académicos y sindicatos para definir los tiempos y mecanismos adecuados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoya este enfoque: aboga por una reforma técnica, sectorizada y transparente, con diálogo tripartito para evitar impactos negativos, especialmente en industrias con alto riesgo físico o baja productividad.
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¿Cómo va el proceso legislativo de la reducción de la jornada laboral?
La iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero aún falta que sea discutida en el pleno y posteriormente en el Senado. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá también la aprobación de la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El gobierno prevé presentar la propuesta oficial el 1 de septiembre de 2025, marcando el inicio de un debate que podría extenderse hasta finales de año.
La polémica detrás de la iniciativa
Organizaciones empresariales como Coparmex y Canacintra han advertido que la medida podría aumentar la informalidad si no se dan incentivos y apoyos, sobre todo a las micro y pequeñas empresas.
Encuestas recientes revelan que más del 60 % de las empresas teme un incremento en costos laborales, especialmente en sectores con alta rotación o necesidad de mano de obra intensiva.