La reforma en materia de telecomunicaciones aprobada en el Congreso de la Unión no da certeza de respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que han perdido su trabajo, advirtió el integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Suárez.
El congresista lamentó que las decisiones de la Presidencia de la República, de extinguir organismos autónomos para sustituirlos por entes dependientes del Gobierno Federal, hayan pasado por encima de la planta laboral.
Suárez Licona hizo énfasis en que los trabajadores especializados del IFT no cuentan con garantía alguna de que el pago de las liquidaciones e indemnizaciones previstas en los artículos transitorios de la norma aprobada, se entregarán puntualmente.
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“El desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano ha pasado por encima de los derechos de las y los trabajadores de esas instituciones. Al personal técnico, profesional responsable y con gran vocación de servicio del IFT, quienes hoy con esta reforma no tienen certeza de que sus derechos laborales serán respetados a quienes se debe garantizar su liquidación sin distingos”, expresó.
Apuntó que la reforma en cuestión es un retroceso en el ámbito democrático, ya que dio paso a la extinción definitiva de un organismo autónomo, que será sustituido con una instancia dependiente y subordinada al Ejecutivo Federal que no tendrá control técnico ni autonomía.
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Recalcó que las disposiciones aprobadas afectan a cientos de trabajadores que podrían quedar en el desamparo.
Recordó que en la discusión en San Lázaro, se plantearon propuestas de modificación para que los trabajadores que causarán baja del IFT sean liquidados conforme a la ley, considerando la fecha en que se integraron al trabajo en el organismo extinto.
Asimismo, se pidió que se tomaran las previsiones financieras necesarias para garantizar el pago de liquidaciones e indemnizaciones como corresponda, a todos los empleados sin excepción.
Aunque el bloque mayoritario rechazó toda propuesta de modificación al proyecto de telecomunicaciones, manifestó que por ley se deben respetar los derechos de los trabajadores que perdieron su empleo.
La norma, agregó, no solo es regresiva, sino que resultará violatoria de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC, que obliga a los estados parte a contar con organismos reguladores de sectores como el de telecomunicaciones, autónomos e independientes.
Reformas contra las libertades
A su vez, la bancada tricolor en San Lázaro refrendó sus críticas y condena a la serie de ordenamientos aprobados por el bloque mayoritario en el periodo extraordinario de sesiones que terminó esta misma semana.
Afirmaron que durante 10 días, la “ignominia” avanzó en el Legislativo con cambios legales que limitan las libertades de la población.
Se legisló sin análisis ni estudio adecuado de los proyectos a discusión, al vapor, no hubo un debate profundo y se violentaron los procedimientos parlamentarios, acusaron.
La mayoría y sus aliados, y en ocasiones con el apoyo de bancadas de oposición, dijeron, dieron paso a un “Estado espía”, un estado vigilante y “censor” de los ciudadanos.
En defensa propia, los priístas afirmaron que su posición fue a favor de los derechos a la libertad de expresión y la privacidad de las personas, se condenó la utilización de la tragedia de familiares de personas desaparecidas para justificar cambios legales que servirán para que el Estado vigile y persiga a ciudadanos,
Se votó en contra de la creación de un “Big Brohter” del Estado que utilizará los datos privados y biométricos de la población, así como su geolocalización en tiempo real, para vigilarlos sin necesidad de que se emitan órdenes judiciales.
El priísmo rechazó, agregaron, el desmantelamiento de organismos autónomos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que serán sustituidos por instancias sin autonomía y dependientes del Gobierno Federal.
Se alertó sobre el peligro de la transformación de la Clave Única del Registro de Población (CURP) en un instrumento de persecución y vigilancia de los ciudadanos al hacer obligatorio el acceso a datos biométricos de las personas.
Las decisiones tomadas por la mayoría, alertaron, debilitan las instituciones del país, así como el control y contrapeso de poderes ante la concentración que está orquestando el Ejecutivo Federal; afectan las libertades ciudadanas, eliminan el equilibrio institucional y se consolida un modelo de gobierno autoritario.
“En estos 10 días de ignominia lo que se impuso fue un modelo de control político y vigilancia extrema a la ciudadanía, donde la ley se redacta para proteger aliados, castigar disidencias y concentrar el poder. Y lo podemos constatar con la censura y vigilancia que ya se ve en Tamaulipas, Campeche, Sinaloa y muchas partes del país, contra periodistas y activistas digitales”, criticaron.
Afirmaron que como grupo parlamentario de oposición seguirán denunciando los atropellos cometidos “bajo el disfraz de la transformación”. “Somos adversarios del autoritarismo”, finalizaron.