El plan antigentrificación anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México generará condiciones para que la vivienda sea accesible para los habitantes, respaldó la vicecoordinadora de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez.
La congresista calificó como adecuadas las medidas para controlar el aumento excesivo de las rentas, evitar el desplazamiento de vecinos hacia la periferia y promover acciones a favor de la vivienda popular.
Al expresar apoyo a las acciones anunciadas por el gobierno capitalino, la congresista dijo que el resultado será garantizar vivienda digna y accesible para quienes ya habitan la Ciudad de México.
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“La vivienda no es un privilegio para unos cuantos, es un derecho constitucional del pueblo. La especulación inmobiliaria, los abusos en los contratos de arrendamiento y la conversión desmedida de hogares en espacios turísticos han desplazado a miles de familias trabajadoras”, admitió.
Medidas antigentrificación
Jiménez Godoy recordó que entre otras disposiciones, el gobierno local establecerá reglas para impedir que las rentas de departamentos y casas en la capital aumentan de manera excesiva.
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Consideró un acierto proponer la creación de una “Defensoría de Derechos Inquilinarios”, así como la decisión de hacer una inversión de hasta 9 mil millones de pesos en materia de vivienda popular.
Destacó que habrá sanciones para quienes acaparen inmuebles y a quienes rentan viviendas en plataformas digitales sin contar con autorización y sin cumplir la ley.
Hizo énfasis en el tema de las rentas y el problema que representan los altos precios en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con alta demanda de vivienda y donde el 70 por ciento de los inmuebles son rentados.
Agregó que en colonias céntricas y concurridas por el turismo, con intensa actividad comercial y empresarial, como la Roma, Condesa y Nápoles, el aumento en las rentas en los últimos dos años se ha disparado al 94 por ciento, lo que ha provocado la expulsión de los vecinos originarios.
Dicha situación afecta principalmente a familias de clase media, estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores, alertó.
La congresista subrayó que en colonias como las señaladas, incluyendo la Juárez, las rentas rondan 25 mil y hasta 35 mil pesos al mes.
La situación afecta a quienes han tenido que buscar vivienda en zonas alejadas del centro de la capital y zonas periféricas, así como municipios aledaños del Estado de México.
Dichas familias y personas también han tenido que incrementar sus gastos en pasajes para llegar a sus centros de trabajo y estudios, así como para acceder a servicios de salud.
“No podemos permitir que la ciudad expulse a quienes la mantienen viva todos los días. Las juventudes, las y los trabajadores deben tener garantizado su derecho a permanecer en ella, no a ser desplazados por intereses privados”, externó.