Durante su sesión del 9 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un expediente clave relacionado con la legalidad de una queja electoral. Con mayoría de votos, el TEPJF respaldó el acuerdo previamente emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), descartando una denuncia presentada por una organización civil por supuestas irregularidades en propaganda durante una elección extraordinaria.
El expediente, identificado como SUP-REP-247/2025, fue aprobado con el respaldo de las magistraturas encabezadas por Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, mientras que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expresó su desacuerdo con un voto en contra.
El argumento central del TEPJF para confirmar la improcedencia de la denuncia fue la falta de información concreta. Según la resolución, la queja carecía de los datos básicos requeridos por la ley para iniciar una investigación: no mencionaba el momento, la forma ni el lugar de los hechos, ni identificaba a personas responsables.
Te podría interesar
Además, la denuncia se sustentaba únicamente en notas periodísticas que, aunque tienen un valor informativo, no aportaban elementos suficientes para que la autoridad electoral pudiera proceder formalmente.
El TEPJF subrayó que, en ningún caso, se cerró la posibilidad de investigar futuras denuncias, siempre que éstas cuenten con la información mínima exigida por la normativa. La Sala Superior recordó que la línea jurisprudencial es clara: el INE debe descartar denuncias que no contengan elementos verificables para no vulnerar principios legales.
Te podría interesar
El Tribunal reiteró su compromiso con la legalidad y con el respeto al marco jurídico vigente, asegurando que cualquier nueva queja que cumpla con los requisitos será atendida conforme a derecho, sin importar su origen.
Con esta decisión, el TEPJF mantiene firme su postura de actuar con base en evidencias sólidas y no en suposiciones, siempre abierto al escrutinio público y en estricto apego a sus obligaciones constitucionales.