A tan solo dos días de la elección judicial, ya se perfilan los próximos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes asumirán funciones a partir del 1 de septiembre de 2025.
¿Quiénes son los nuevos ministros de la SCJN?
Con un avance del 91.1 % en el conteo de los cómputos distritales, las preferencias señalan a las siguientes personas como futuras ministras y ministros de la SCJN:
Ministras:
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- Lenia Batres Guadarrama
- Yasmín Esquivel Mossa
- Loretta Ortiz Ahlf
- María Estela Ríos González
- Sara Irene Herrerías Guerra
Ministros:
- Hugo Aguilar Ortiz
- Giovanni Azael Figueroa Mejía
- Irving Espinosa Betanzo
- Aristídes Rodrigo Guerrero García
¿Quién podría presidir la SCJN?
Al momento, Hugo Aguilar Ortiz destaca como el aspirante con el mayor número de votos en el conteo preliminar de la elección realizada el 1 de junio, lo que lo posiciona como un fuerte candidato para convertirse en presidente de la SCJN, el máximo tribunal constitucional del país.
¿Cuándo se conocerán los resultados finales de la elección?
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que los resultados definitivos de la elección judicial se darán a conocer el próximo 15 de junio. En esa fecha, también se declarará la validez del proceso y se entregarán las constancias de mayoría a los nuevos ministros.
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¿Cuánto gana un ministro de la SCJN?
Los ministros de la SCJN están entre los servidores públicos mejor pagados de México. Su salario neto mensual asciende a 206,948 pesos, sin considerar impuestos ni deducciones. A esto se suman prestaciones y beneficios que incrementan significativamente su compensación anual, consolidándolos como una de las figuras mejor remuneradas.
Sin duda, la elección judicial representa un punto de inflexión histórico en el sistema judicial de México. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a más de 881 cargos judiciales, en un proceso sin precedentes que redefine la forma en que se eligen los representantes del Poder Judicial.
Este proceso plantea un desafío crucial para el Poder Judicial: garantizar que las decisiones tomadas por los votantes refuercen la independencia y legitimidad de las instituciones, estableciendo un precedente significativo en la historia democrática del país.