POLÍTICA

Reforma sobre telecomunicaciones con cambios, discute el Senado

Aseguró que muchas de las opiniones vertidas por 89 invitados a cinco conversatorios organizados en días anteriores.

También se eliminó el registro de usuarios de telefonía celular.
También se eliminó el registro de usuarios de telefonía celular.Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIONAL el

El Senado de la República discute en sesión extraordinaria la reforma en materia de telecomunicaciones, con cambios con respecto al proyecto original. 

Al presentar el proyecto, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Corral, afirmó que el documento es mejor al presentado originalmente por la Presidenta de la República. 

Aseguró que muchas de las opiniones vertidas por 89 invitados a cinco conversatorios organizados en días anteriores, se tomaron en cuenta. 

Se borró del documento toda referencia que pudiese ser interpretada como censura previa, dijo. 

Este dictamen eliminó todas las expresiones directas o indirectas que podían ser interpretadas como mecanismos de censura previa. Se eliminaron todos artículos de la versión anterior que fueron señalados en la polémica”, externó. 

Destacó como el mayor cambio al texto, la creación de una autoridad reguladora con un organismo colegiado con independencia técnica, que será identificado como Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. 

Por ello la mayor transformación del dictamen fue configurar una nueva autoridad reguladora, a partir de un órgano colegiado con independencia técnica de gestión y operación como la máxima autoridad para resolver sobre concesiones de espectro y regulación de servicios de internet, de radio, televisión y satélite y con ello, ponderar la deliberación técnica y no política”, expresó. 

Asimismo, existirá otra autoridad a la que se refirió como “agencia antimonopolio", será la responsable de determinar al agente preponderante en telecomunicaciones e imponer la regulación asimétrica aplicable en el sector. 

También se eliminó el registro de usuarios de telefonía celular, ya que el usuario que compre un chip, deberá identificarse ante el proveedor privado, no ante el gobierno.

El legislador enlistó la serie de beneficios que implicará la norma, como el impulso a medios sin fines de lucro, sociales, comunitarios e indígenas, a los que se dará viabilidad financiera, permitiéndoles acceder a recursos, a partir de la publicidad de productos, bienes y servicios locales hasta el 3 por ciento de tiempo de transmisión. 

Los entes públicos les podrán asignar entre el 1 y el 10 por ciento del presupuesto para comunicación y publicidad, anotó. 

En cuanto a la radiodifusión pública, indicó que reincorpora independencia editorial, reglas para rendir cuentas, opciones de financiamiento y reglas para la expresión de diversidades. 

Se hace obligatorio para todo concesionario contar con defensores de las audiencias. Con su actuación se evitará la desinformación y calumnias. 

Se reducirá la brecha digital con la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte del Estado a través de una empresa pública. 

Hizo énfasis en que se modifica la participación del Estado en medios comerciales, para evitar violaciones al T-MEC.

La empresa pública prestará los servicios de telecomunicaciones en zonas donde los operadores no llegan e internet gratuito en sitios públicos. 

La expansión de los servicios de internet es la clara muestra de que la ley no tiene elemento alguno de censura. 

Establece reglas para la interconexión entre operadores, impone límites a la concentración del espectro radioeléctrico y habrá incentivos para ampliar la participación, como disminuir el cobro por ese elemento, a cambio de llevar conectividad a zonas prioritarias por marginación y carreteras. 

Aseguró que la reforma da certidumbre a la inversión en el sector y permite que el Estado mantenga la rectoría sobre el espectro. 

No habrá más abusos de operadores que suelen cambiar los planes “a conveniencia”. 

También aseguró que la ley tendrá una visión social y ya no atenderá sólo a los intereses de los consorcios de comunicación. 

MC a favor 

Al manifestar el voto a favor de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales reconoció que el bloque mayoritario y el Gobierno Federal rectificaron con respecto al proyecto original. 

Recordó las alertas sobre los excesos que tenía la iniciativa aprobada previamente en comisiones, como las puertas abiertas a la posible censura a plataformas digitales, así como la concentración con más de 60 facultades en la Agencia de Transformación Digital, a la que se le concedieron capacidad de dar concesiones, licencias y tomar gran parte de las decisiones en el sector. 

Barrales Magdaleno calificó como un avance y lo más importante del dictamen, la creación de un órgano regulador colegiado y que se haya dado marcha atrás a la concentración del poder en una sola persona, el titular de la Agencia de Transformación Digital. 

Aunque lamentó que ese organismo no tenga autonomía, porque formará parte de la propia Agencia, reiteró que es un avance. 

Coincidió con los morenistas en cuanto a que se elimina el acceso sin control a la información de los ciudadanos, ya que tendrá que haber mandatos judiciales. 

“Censura del bienestar” 

Contra el proyecto, se pronunció el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve. 

Afirmó que los cambios al dictamen son “simulación”, porque concretan la “censura del bienestar”, ya que el organismo regulador no será autónomo técnica ni políticamente, al formar parte de la Agencia Digital, a cargo del señor Pepe Merino. 

Se mantiene la facultad de suspender, sin contar con orden judicial, los contenidos que no le agraden al gobierno. Se podrá “bajar el switch” a las televisoras y radios. 

Se silenciarán las voces críticas y de la oposición y de los medios que no quieran alinearse con el Ejecutivo Federal, alertó. 

Dijo que la competencia entre los concesionarios y el Estado será simulación, es “una burla” al principio de neutralidad y se violará el T-MEC. 

Añorve Baños advirtió que es un engaño la eliminación del padrón de usuarios de telefonía, porque “por la puerta trasera”, en el artículo 30 transitorio, se establece que el Gobierno Federal tendrá a su alcance toda la información privada de los ciudadanos. 

Será el “Big Brother del bienestar”, insistió. 

El proyecto “maquilla los errores”, pero no corrige, “legalizará la censura”, simulará competencia y borra la autonomía de los órganos reguladores, sentenció el priísta.