El Senado de la República aprobó en las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, las minutas enviadas por los diputados federales con las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
La votación global en ambas instancias fue de 16 votos a favor y 8 en contra, por lo que el proyecto se enviará a la Mesa Directiva del recinto para su discusión en el Pleno, en el marco del periodo extraordinario de sesiones.
Los congresistas del bloque mayoritario celebraron la aprobación con aplausos.
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México va a la “dictadura perfecta”
En el debate, por la oposición, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Riquelme, advirtió que el Gobierno Federal está consolidando no la seguridad del país, sino un “estado fisgón” y la “dictadura perfecta”.
Los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) dividieron su posicionamiento, manifestándose a favor de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en contra de la ley de investigación e inteligencia.
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También compartieron alertas sobre esa última ley, con los senadores del Movimiento Ciudadano (MC).
Coincidieron con el PRI en que las normas propuestas por la Presidenta de la República afianzarán a un “Estado espía”, permitirán el “Big Brother del bienestar”, violarán derechos ciudadanos a la privacidad y la presunción de inocencia y no solo centralizarán el control de la ciudadanía en el país, sino que restringirán a los estados y municipios los recursos para seguridad.
Alertaron que con la interconexión de plataformas de datos, se permitirá el acceso de la información de todo tipo incluso a gobiernos extranjeros.
Sentenciaron que con el acceso de los datos de la telefonía celular en tiempo real y la localización GPS, el gobierno vigilará y perseguirá a todos los ciudadanos, que serán vistos como sospechosos.
“El gobierno podrá saber quién eres, dónde estás, con quién hablas, qué compras, qué opinas y hasta dónde llevas a tus hijos al doctor. Y lo podrá hacer sin necesidad de que cometas un delito, sin autorización judicial, estamos ante un Big Brother del bienestar, una arquitectura estatal pensada para espiar, no para proteger. Por supuesto que estamos en contra del Estado espía”, alertó el coordinador priísta Manuel Añorve.
Como sucedió en la Cámara de Diputados, el PRI recalcó que los senadores de Morena y sus bancadas aliadas no leyeron lo que estaban votando, ya que se congratularon de que la norma vaya a incluir el padrón de usuarios de telefonía móvil, cuando esa disposición se eliminó desde San Lázaro.
Ello, aunque en las leyes persiste que los registros de datos de la población a los que accederá la autoridad, incluso sin orden de un juez, incluyen los de la telefonía celular.
“Por los que andan defendiendo el registro de usuarios del padrón móvil, ya se quitó, lean por favor lo que estamos votando”, exhortó la senadora del PRI, Claudia Anaya.
No habrá un gobierno “espía”
Para refutar esos señalamientos, los legisladores del bloque mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), afirmaron que las normas contemplan el uso de registros de telefonía celular, para combatir delitos crecientes como el de la extorsión.
Justificaron el uso de datos personales de todo tipo para investigar y prevenir delitos.
Afirmaron que la oposición, desde sus gobiernos estatales y municipales siempre han pedido que el delito se combata con inteligencia.
Aseveraron que el Estado no será un “espía”, como pretenden difundir en la campaña de descalificación contra el Gobierno Federal, al afirmar que habrá controles incluso judiciales en la utilización de los datos de la población.
La senadora de Morena, Malú Micher, en términos coloquiales, dijo que la oposición miente al asegurar que el Estado quiere mantener el control total sobre la población y que busca legalizar el espionaje, en especial a adversarios políticos, ciudadanos, periodistas y críticos del régimen, que cotidianamente se llevaba a cabo en gobiernos anteriores.
La autoridad no necesita saber dónde están y qué hacen los ciudadanos, porque todo eso ya es de conocimiento público a través de plataformas y redes sociales, dijo.
“Esta ley tiene límites claros, la interconexión con entes privados se restringe a registros públicos, y la Secretaría será la única con acceso a datos estratégicos. Me da tanta pena que digan que ahora vamos a saber dónde estamos, qué hacemos y dónde hacemos y qué gastamos, ¡por Dios, si para eso es el Facebook, todos lo tienen, de qué se burlan! (…) que no volveremos al tiempo de espionaje ilegal ni de los pactos ocultos”, recalcó Micher Camarena.