El delito de despojo u ocupación ilegal de inmuebles ajenos debería ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pidió la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Dionicia Vázquez.
La congresista advirtió que esa conducta ilícita está alcanzando niveles “alarmantes” y va en aumento en sitios como el Estado de México y la Ciudad de México, que concentran el 30 por ciento de los casos.
Vázquez García planteó reformas al artículo 19 de la Carta Magna, para sumar a la lista de conductas ilícitas que merecen la medida cautelar de prisión preventiva, el despojo.
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Así, la congresista manifestó que sancionar el despojo en los mismos términos que otras conductas delictivas como la corrupción en el ejercicio de funciones, robo de transporte e hidrocarburos, desaparición forzada de personas, terrorismo, abuso y violencia sexual contra menores, inhibirá dicha irregularidad.
Despojos en aumento
Al sustentar su propuesta, refrendó que el delito de despojo va en aumento en el país, de manera preocupante en la zona centro, en particular en la Ciudad de México y el Estado de México.
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La situación refleja que las normas en materia de propiedad son endebles, aunado a que los mecanismos de protección a los propietarios y reacción de la autoridad ante denuncias, son ineficientes.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, anotó, detectó que entre los años 2015 y 2019, hubo 118 mil 893 denuncias por despojo.
Los datos añaden que los principales afectados son adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad que no solo pierden su propiedad, sino su seguridad e integridad.
Quien incurre en esa práctica ilegal, viola el derecho a la vivienda, a la seguridad jurídica, a la propiedad y el libre disfrute de los bienes.
Doña Carlota
Como un ejemplo de las consecuencias que pueden tener los despojos de inmuebles, recordó el caso de doña Carlota, que con todo y sus 74 años se vio obligada a defenderse a sí misma y a su familia, utilizando un arma de fuego contra personas que se adueñaron de un inmueble de su propiedad, en la zona de Chalco, en el Estado de México.
Consideró que la reacción de la propietaria es una muestra del “hartazgo social” frente a la ineficacia de las instituciones encargadas de proteger no sólo la propiedad, sino de impartir justicia.
Pidió no olvidar que los familiares de la señora Carlota, madre de un exdiputado federal del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), habían denunciado ante las autoridades del Estado de México, gobernado por la también morenista Delfina Gómez, y éstas no actuaron oportunamente, lo que propició un caso de impunidad.
El acto de hacer justicia por mano propia y defender su propiedad incluso utilizando un arma de fuego, muestra que la confianza en las instituciones de seguridad e impartición de justicia se ha deteriorado en gran medida.
Consideró que ante esos sucesos, es preciso tomar medidas contundentes, como imponer la disposición cautelar a quienes despojen de su propiedad a terceras personas.
Al caso de doña Carlota se suman hechos graves ocurridos en otros estados como Sonora, donde grupos del crimen organizado han despojado a propietarios de ranchos, predios, minas y otros bienes, con el propósito de cometer delitos.
Prisión preventiva justificada
Agregó que el despojo no sólo afecta al patrimonio de una persona o de algunas personas, sino que implica otras conductas como actos de violencia, violencia extrema, desplazamiento forzado de personas, destrucción del tejido social, homicidios y proliferación del crimen organizado.
“La inclusión del delito de despojo en este catálogo es indispensable para prevenir la reincidencia, evitar dilaciones indebidas y salvaguardar efectivamente los derechos fundamentales de las personas afectadas”, argumentó la promovente.
Pese a que organismos internacionales han catalogado la prisión preventiva oficiosa como violatoria de derechos humanos, frente a conductas como la que se pretende actuar, resulta justificada y legítima para proteger la integridad de las víctimas, su patrimonio y a la sociedad de su conjunto, manifestó.