Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos Primera, del Senado, avalaron una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permite portar armas a funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, Banco de México, SAT, PEMEX y CFE.
El dictamen aprobado permite que los integrantes de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada cuenten con una licencia para portar armas de fuego a fin de cumplir funciones de seguridad.
Además, prevé la posibilidad de que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo puedan poseer un rifle calibre 22 o una escopeta de cualquier calibre en sus domicilios para su legítima defensa, siempre y cuando acrediten de manera clara su actividad en el sector rural.
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Por otro lado, el dictamen busca actualizar el marco jurídico y adaptarlo a las exigencias contemporáneas, por lo que amplía la lista de armas de fuego que pueden tener las personas para fines de seguridad y legítima defensa.
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De igual forma, incrementa el número de armas consideradas de uso exclusivo del Ejército y prohíbe la fabricación, uso y portación de armas, piezas y componentes tridimensionales, elaborados de manera artesanal.
