La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, en los términos propuestos por la Presidenta de la República.
El proyecto que contempla ingresos globales por 9 billones 302 mil millones de pesos, de los cuáles 5.3 billones se captarán por la vía tributaria, fue avalada por la mayoría de Morena y aliados y Movimiento Ciudadano (MC) con una votación de 22 a favor y 10 en contra, de la oposición.
Los documentos avalados se turnarán a la Mesa Directiva del recinto para su programación a discusión en el Pleno, a partir de este martes 26 de noviembre
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En el breve debate sobre ingresos, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), expresaron sus dudas sobre la propuesta económica de la titular del Ejecutivo Federal, la cual se sustenta en cifras “alegres” y poco realistas.
En contraparte, los integrantes del bloque mayoritario dijeron confiar en la estrategia económica y recaudatoria de la Presidencia de la República.
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Ingresos 2025
La Ley de Ingresos añade que por la vía de derivados de financiamiento, se captarán 1.2 billones de pesos; aunado a que la recaudación federal participable se estima en 4.8 billones de pesos.
A partir del cobro de derechos, la Federación captará 137 mil millones de pesos.
Refrenda los criterios de política económica perfilados por la Secretaría de Hacienda, en los cuales se estima un crecimiento de entre 2 y 3 por ciento.
Contempla un nivel de endeudamiento por 1.5 billones de pesos.
En la breve discusión, legisladores del PAN y PRI señalaron que si bien, se conocen los esfuerzos del Ejecutivo por retornar a México a un nivel de deuda sostenible, no sólo circunstancias internacionales, sino decisiones internas como la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, le restan confianza al país.
Advirtieron sobre la situación financiera de PEMEX y la “destrucción de su capacidad contributiva”. Es “un escándalo”, calificó el priísta Emilio Suárez Licona.
En tanto, el diputado Yerico Abramo, enfatizó que el esquema fiscal por aplicar a PEMEX, provocará que la empresa se quede con el 75 por ciento de sus ingresos, por lo que sólo aportará a la Federación el 25 por ciento.
“Es la peor distribución de la renta petrolera” en la historia del país, alertó.
El panista Guillermo Anaya, señaló que por más intentos que hagan el Gobierno Federal y la mayoría, no se alcanzarán las metas del paquete fiscal 2025.
“Por más maromas que se les quiera, que le queramos hacer para la aprobación de la Ley de Ingresos, va a ser muy difícil el que se puedan cumplir las metas económicas que se presentan (…) primero, porque el crecimiento económico todo el sector financiero tanto internacional o extranjero como el nacional ha dicho que no lo vamos a poder cumplir sino solamente a la mitad”, planteó Anaya Llamas.
Sentenciaron que difícilmente el país alcanzará el nivel de crecimiento proyectado, de entre 2 y 3 por ciento, cuando los analistas pronostican que será de 1 o 1.5 por ciento.
En los últimos 10 años, el crecimiento se ha sobreestimado con consecuencias negativas para el país.
Afirmaron que la Ley de Ingresos prevé “acoso y terrorismo contra los contribuyentes”, asumiendo que los ingresos crecerán más que la economía.
Recalcaron que el paquete económico deja al federalismo fiscal en “letra muerta”.
Morena defiende el paquete económico
En defensa de la Ley de Ingresos, la diputada de Morena, Claudia Rivera, afirmó que el paquete económico está sustentado en la certeza de que la estrategia fiscal del Gobierno Federal funcionará, como lo ha hizo en el anterior sexenio.
La congresista también rechazó que haya castigo al federalismo porque si bien hay una caída de 1.5 por ciento en los recursos asignados a entidades y municipios, estos contarán con lo suficiente.
El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval subrayó que sin creación de impuestos y sin aumento a los mismos, sólo con el ajuste inflacionario, se ha logrado incrementar la recaudación fiscal y tener un déficit manejable.
Ley Federal de Derechos
Antes de avalar la Ley de Ingresos, los integrantes de la Comisión aprobaron la Ley Federal de Derechos.
El ordenamiento, destacó el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Roberto Albores, prevé modificaciones a 19 artículos para actualizar el monto de los cobros de derechos por distintos bienes y servicios.
Lo anterior, con la finalidad de mejorar los servicios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Se ajustarán las cuotas por la emisión del documento a turistas, aunado a que los agentes federales de migración aplicarán una amplia verificación de datos de seguridad nacional, listas de control migratorio y de validación de documentos.
Establece que el 67 por ciento de los recursos recaudados por el turismo extranjero, se entregarán a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el 33 por ciento se irá a la Tesorería de la Federación para el gasto público.
Actualiza la ley, para aclarar que ante la desaparición de Financiera Rural, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya no podrá captar lo que recaudaba por los servicios de inspección y vigilancia.
Aclara que el cobro de derechos en materia de minería, se hará por la expedición del título de concesión minera a quienes resulten ganadores de concurso de licitación pública.
Libera del pago de derechos a “radioaficionados” por el uso del espectro radioeléctrico con fines de difusión de información en caso de desastres naturales.
Quedarán exentos quienes formen parte de Grupos Voluntarios de protección civil que cuenten con certificación de competencia por alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional de Protección Civil y certifiquen sus conocimientos ante el Sistema Nacional de Competencias.
Incluirá en las concesiones para uso social a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, para que presten servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con fines culturales, científicos educativos o a la comunidad y sin fines de lucro. También tendrán facilidades para el acceso a esas concesiones.
Contempla eliminar la exención del cobro a visitantes que entren al país en cruceros.