Este martes comenzó en 61 planteles de México la aplicación de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo es evaluar los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En esta edición, también se medirán sus competencias digitales.
En total, 321 escuelas públicas y privadas de nivel Secundario y Medio Superior participarán en el proceso, con la intervención de aproximadamente 8,000 estudiantes de las 32 entidades del país. La aplicación del examen está a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
La evaluación se realizará en planteles ubicados en zonas urbanas y rurales, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores, entre otros.
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La prueba PISA es un estudio internacional que analiza el estado de la educación en los países participantes. En México, se aplica desde el año 2000 con una periodicidad de tres años. Sin embargo, a partir de 2025, la evaluación se realizará cada cuatro años, por lo que la siguiente edición será en 2029.
En la prueba PISA 2025 participarán 91 países, incluidos 13 de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y México. Como miembro de pleno derecho de la OCDE, nuestro país ha sido parte de todas las ediciones desde el año 2000.
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Los preparativos para este ejercicio comenzaron en octubre pasado con una prueba piloto aplicada en escuelas de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.
En un comunicado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que “este tipo de exámenes estandarizados tienen limitaciones muy importantes para evaluar de manera objetiva el desempeño educativo, y los resultados son relativos debido a las diferencias entre los entornos escolares”. Añadió que actualmente el sistema educativo impulsa “evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes como herramientas para orientar la política educativa y fortalecer la autonomía profesional docente, permitiendo una atención más personalizada a los alumnos y un seguimiento integral de sus conocimientos, habilidades socioemocionales y valores éticos”.