Las normas en materia de movilidad requieren modificaciones para fortalecer las medidas encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia sexual en el transporte público y privado de pasajeros, plantearon integrantes de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
Los congresistas presentaron una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el fin de que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad vial emita, impulse y fortalezca protocolos de actuación, lineamientos y manuales de actuación ante actos de violencia sexual en el transporte de pasajeros.
El planteamiento señala que las autoridades en la materia deberán coordinarse con los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en la modalidad pública y privada, para asegurar condiciones de seguridad suficientes en especial para las mujeres y en general para todos los usuarios.
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Pidieron que las disposiciones aplicables se rijan por el principio de movilidad libre de violencia, aplicable a los protocolos de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte no sólo público, sino el privado.
El proyecto está firmado por las diputadas Laura Ballesteros, Anayeli Muñoz, Iraís Reyes, Laura Hernández, Paola Longoria y Gloria Elizabeth Núñez.
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Violencia sexual en el transporte
Las emecistas respaldaron su propuesta con el argumento de que la movilidad en el país también se ha convertido en una fuente de violencia, incluyendo las agresiones sexuales cometidas principalmente contra las pasajeras, por lo que es preciso redoblar los protocolos de protección.
Argumentaron que las mujeres utilizan el transporte público para realizar más actividades que las de ir de su hogar al trabajo y retornar.
Requieren trasladarse en transporte público y privado en repetidas ocasiones durante el día, para ir al trabajo, la escuela, llevar a los hijos al colegio, atender necesidades del hogar, hacer compras personales o para la casa, acompañar a sus padres y realizar otro tipo de tareas que incluyen el ámbito doméstico.
Refirieron que quienes utilizan más el transporte público son las mujeres con un empleo, que representan el 41 por ciento de los usuarios; las estudiantes, en un 30 por ciento y quienes se dedican a labores del hogar, en más del 13 por ciento.
Añadieron que las políticas en materia de movilidad no cuentan con un enfoque de “género-sensitivo”, lo que propicia que en esos espacios no cuenten con la seguridad y eficiencia necesaria para las pasajeras.